Discurso de odio y discriminación en CDMX abren debate sobre endurecer sanciones

Estos episodios han despertado el debate sobre cómo actuar, y en especial, cómo sancionar los actos de discriminación y los discursos de odio en la capital.

La diputada capitalina Diana Sánchez Barrios impulsa una iniciativa para tipificar los discursos de odio. En la propuesta plantea una sanción de entre seis y nueve años de prisión, así como una multa de 200 a 500 veces la UMA (de 22,628 a 56,570 pesos) en contra de quien incite a la violencia física, verbal o psicológica en contra de grupos específicos.

La legisladora sostiene que es necesario contar con penas graves para sancionar a quienes lanzan discursos de odio, en especial en contra de quienes pertenecen a una de los 14 grupos de atención prioritaria en la ciudad. Entre ellos se encuentran personas con discapacidad y de la diversidad sexual, en situación de calle, indígenas, afrodescendientes, mujeres, migrantes, así como niños, niñas y adolescentes.

“Los discursos de odio no solo te dañan emocional y psicológicamente, sino que muchos de ellos terminan en asesinatos brutales. Es como hacer una convocatoria para discriminar, señalar, juzgar, de violentar físicamente y verbalmente", dice la diputada en entrevista con Expansión Política.

Sánchez Barrios busca que la iniciativa surgida desde el Parlamento LGBTTIQ+ realizado en junio en el Congreso capitalino, que se suma a la que ella presentó de forma individual en febrero, se vote en el próximo periodo de sesiones. “Voy a pelear por que se tipifiquen los discursos de odio”, sostiene la diputada.

La vía penal, poco eficaz contra la discriminación

Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred CDMX), señala que la vía penal ha probado ser ineficaz para combatir estos hechos.

“Está redactado sin una perspectiva de derechos humanos y carece de técnica jurídico penal, para el Ministerio Público es muy difícil acreditarlo. (…) Es un tipo penal que ha sido ineficaz y eso se traduce en esta percepción de impunidad porque el número de denuncias es altísimo”, afirma en entrevista con Expansión Política.

La discriminación es un delito asentado en el Código Penal local, el cual –según el Artículo 206– se castiga con una pena de uno a tres años a prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario, así como una multa de entre 50 a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que equivale desde 5,657 hasta 22,628 pesos este 2025.

Sin embargo ha habido pocas sanciones, pues entre 2011 y 2021 apenas cuatro personas fueron condenadas por discriminación.

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Más allá del caso de "Lady Racista" que se viralizó en redes sociales, la titular del Copred CDMX señala que la discriminación es un problema que se ha normalizado en la sociedad mexicana.

“Tuvimos la suerte de que alguien lo grabara y que podamos hablar sobre esto, denunciarlo socialmente, señalarlo como intolerable, pero sabemos que eso sucede todos los días en nuestro país: hacia policías (…) hacia personas guardias de seguridad, hacia personas empleadas, en general personas racializadas”, explica.

En la Ciudad de México el 25.2% de las personas considera que alguna vez ha sido discriminada. Los habitantes de la capital identifican a las personas de piel morena, indígenas y mujeres como los grupos más discriminados, de acuerdo con la ‘Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México 2021’.

González de la Vega indica que pocas personas denuncian o presentan una queja ante Copred CDMX ante la percepción de que no habrá algún cambio, así como por la alta frecuencia de las prácticas discriminatorias.

“La gente no confía en la denuncia o prefiere no denunciar porque están tan normalizadas y son tan cotidianas estas prácticas que realmente lo que nos dicen es ‘no voy a ir a Copred cada vez que voy a hacer mi súper porque cada vez que voy me sigue el policía de la tienda de autoservicio”, sostiene.

En ese sentido, la titular de Copred sostiene que el sistema penal difícilmente resolverá el problema de los discursos de odio.

“Es un sistema racista, es un sistema homofóbico, misógino, me parece que sería muy complejo utilizar un tipo penal que es de responsabilidad subjetiva, es decir, individual, para combatir el discurso de odio”, comenta.

Al quedar bajo el criterio de un Ministerio Público, también se podría aplicar de manera discrecional. Por ejemplo, si un agente por sus propias creencias considera que el aborto es un pecado, podría ordenar la detención de una persona que defiende la interrupción del embarazo al acusarla de difundir un discurso de odio.

“Hay otras vías, insisto, transformadoras y restaurativas que pueden tener una mucho mayor incidencia que una simplista sanción penal de poner tras las rejas a una persona que propició un discurso de odio, quizá inclusive sin saber ni siquiera lo que estaba diciendo”, considera.

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Un ejemplo de soluciones fuera del área penal es el trabajo llevado en los últimos dos años desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación con la cadena de restaurantes Sonora Grill, luego de que se expusiera públicamente que los clientes eran sentados en diferentes sitios dentro de los restaurantes según su tono de piel en 2022.

González de la Vega comparte que se ha realizado la revisión de las políticas internas y la capacitación de su personal para eliminar prácticas de discriminación en esta cadena restaurantera.

Las vías restaurativas colocan al centro a la víctima y buscan tanto la reparación del daño como evitar que se repita.

“No hay una receta, (las víctimas) pueden pedir disculpas públicas, pueden pedir cursos de capacitación, pueden pedir una cena, pueden pedir que se les pague terapia”, detalla la funcionaria.

Como mujer transgénero y activista, Sánchez Barrios ha vivido en carne propia la discriminación y violencia en contra de las personas de la diversidad sexual y de género desde los 13 años, cuando hizo pública su identidad.

“Cuando salíamos eran burlas, señalamientos, a esa edad tener que enfrentar a la sociedad es muy difícil. Luego la persecución sistemática: los policías te correteaban, te metían a la cárcel porque decían que tenías doble identidad, te violaban, te golpeaban, te extorsionaban. Eran cosas terribles las que vivíamos”, señala la diputada de la ‘Asociación parlamentaria por el comercio feminista e incluyente’.

...Y en los estados

En las entidades, cada Congreso tiene su ley local que prohíbe la discriminación y en el caso, por ejemplo de Jalisco, se establecen de seis meses a tres años de prisión o de 30 a 150 días de trabajo a favor de la comunidad y multa de hasta cien días de salario, al que atente contra la dignidad humana por razones de discriminación.

Mientras que en Puebla entró en vigor este 14 de junio la llamada ‘Ley Ciberasedio’ –‘Ley Mordaza’ para sus detractores– impulsada por el gobernador Alejandro Armenta.

Con esta reforma se sanciona con una pena de 11 meses hasta tres años de prisión, así una multa de 50 a 300 veces la UMA (de 5,657 a 33,942 pesos para este 2025) a quien a través de redes sociales u otros espacios digitales “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.

Los discursos de odio no están sancionados ni a nivel federal ni local, por lo que la propuesta de la diputada Sánchez sería la primera en cuestión.