Las y los legisladores de ese partido anunciaron que, a partir de este mismo mes, se realizarán foros en las 16 alcaldías para discutir con ciudadanos y organizaciones sobre la gentrificación.
En este fenómeno se eleva el costo de vida en una parte de la ciudad, lo que provoca la expulsión de los habitantes originales para dar cabida a nuevos del más alto poder adquisitivo.
En la Ciudad de México el costo de compra de la vivienda subió 30% desde 2020, colocándose en un precio medio de 3.8 millones de pesos, el más alto a nivel nacional, de acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).
Así mismo la presencia de Airbnb creció en la capital hasta ofrecer 26,067 habitaciones y viviendas completas.
Frente a esta situación, el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) siguen sin aprobarse, pese a que debieron entrar en vigor en octubre de 2020, según la Constitución Política de la Ciudad de México.
Otro pendiente que arrastra el Congreso de la ciudad es la creación de la Ley de Ordenamiento Territorial. Apenas en abril las y los diputados aterrizaron el nombramiento de Patricia Ramírez Kuri como nueva directora del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), encargado de coordinar la elaboración de los dos instrumentos de planeación, luego de dejar durante dos años sin titular al organismo.
Actualmente el crecimiento de la ciudad se basa en el Programa General de Desarrollo Urbano, con 22 años de antigüedad, así como en los Programas Parciales de Desarrollo Urbano (PPDU) de cada una de las 16 demarcaciones, de los cuales el más antiguo es el de Cuajimalpa que data de 1997 y el más nuevo el de Milpa Alta, en vigor desde 2011.
