Poder Judicial CDMX arrastra sobrecarga, carencias, rezago... y paro laboral

Las demandas principales de los trabajadores son 10% de aumento salarial y 5% en prestaciones, mejores condiciones laborales y renovación sindical.

Sin embargo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, no ha aceptado el incremento para los trabajadores con el argumento de que no hay presupuesto suficiente.

“Nuestra administración no ha sido ajena a estas necesidades. Para 2025, con el respaldo de la jefa de Gobierno (...) ya está autorizada una política salarial que contempla un aumento del 5% al salario y 2% en prestaciones, incluso por encima del índice inflacionario”, afirmó el presidente.

El paro, cuya continuidad se evalúa por parte de los trabajadores, estalló el pasado 29 de mayo y se sumaron, con el paso de los días, al menos 38 sedes judiciales de la capital, que incluyen juzgados civiles, familiares laborales y penales.

Para las y los trabajadores, las carencias y problemas se han agudizado en los últimos años, en especial durante la gestión de Guerra Álvarez, cuyo segundo periodo al frente del Poder Judicial de la CDMX termina en diciembre.

Tania Fierro Reséndiz lleva una década como trabajadora en una Unidad de Gestión Judicial en el área Penal. Si bien entró como una abogada recién graduada tras realizar su servicio social, asegura que desde hace años la carrera judicial –que permitía a los trabajadores del Poder Judicial concursar por puestos e ir avanzando– existe solo en el discurso.

“Se desocupa por ejemplo una dirección y llega gente que no conoce el sistema, que ni siquiera es abogado, que por tener el apellido de un familiar lo designan y no le dan oportunidad a las personas que tienen la experiencia y la trayectoria", comparte en entrevista con Expansión Política.

“Llevo 10 años intentando ascender de puesto porque considero que tengo las capacidades, como muchos compañeros aquí y no se nos considera”.

Ella se presenta a trabajar a las ocho de la mañana y su jornada usual dura entre 11 y 12 horas; al salir de la oficina y regresar a su casa aún dedica algunas horas para trabajar ante la cantidad de asuntos pendientes, pues de lo contrario se arriesga a multas e incluso la amenaza de arresto.

De acuerdo con Tania, hay plazas vacantes mientras el trabajo se acumula.

“Hay personas que han renunciado, hay personas que en pandemia fallecieron y esas vacantes no las han cubierto aunque hay un presupuesto para ello y se nos carga el trabajo", cuenta la abogada.

Arturo, quien trabaja en la Secretaría de Acuerdos de una de las Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia capitalino, coincide en que uno de los principales problemas es la carga laboral que, además, retrasa la resolución de temas que afectan la vida de las y los ciudadanos: demandas laborales, disputas por custodia de hijos, incluso los juicios contra personas que han cometido delitos violentos, entre otros.

Sostiene que hay constantes fallas en el Sistema Integral de Gestión Judicial y en al menos cuatro ocasiones ha dejado de funcionar durante el día completo; también denuncia escasez de insumos básicos para los expedientes como hojas de papel y cartuchos de tinta para imprimir.

Jorge Ledezma, trabajador con 38 años de antigüedad, afirma que la situación está próxima a empeorar ante la extinción, aún en proceso, de 35 juzgados civiles y familiares.

“La carga de trabajo es excesiva, nos falta personal y ahora con la extinción de juzgados se va a duplicar la carga de trabajo, ya no hay dónde poner tanto expediente”, comparte el empleado del Juzgado Noveno Civil.

Se suma la transición en el Poder Judicial capitalino ante la entrada en septiembre de cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 98 jueces y juezas y 34 magistradas y magistrados electos el pasado 1 de junio.

“Los compañeros tienen mucho temor, por eso se está viendo también la basificación de plazas, porque hay un miedo de que los nuevos jueces y magistrados lleguen a ‘cortar cabezas’, que despidan a mucha gente”, señala Jorge.

Érika Ojeda, quien es vocera de las y los trabajadores inconformes del Poder Judicial de la ciudad, asegura que los problemas son generalizados.

El presidente del Poder Judicial capitalino, Rafael Guerra Álvarez, así como el secretario de Gobierno, César Cravioto, llamaron a las y los trabajadores a levantar el paro y regresar a laborar, no obstante, la protesta se matiene.

El 1 de julio, Guerra Álvarez hizo una propuesta formal a la Coalición de Trabajadores del Tribunal con el objetivo de llegar a un acuerdo en las principales demandas y finalizar el paro.

La propuesta del Tribunal incluye:

• Asignación de recursos, por única ocasión, de 29 millones de pesos para distribuir entre trabajadores del Tribunal.
• Entrega de un bono extraordinario antes de diciembre (adicional al bono regular).
• Incremento salarial y en prestaciones para el ejercicio 2025, sujeto a economías presupuestales.
• Proceso de basificación del personal.
• Participación de trabajadores en la conformación del proyecto de su presupuesto para 2026.
• Garantía de no represalias económicas o administrativas, como cambios de adscripción.

El secretario de Gobierno incluso ha sugerido que la motivación del paro es política ante el rechazo de aceptar un incremento del 5% en el salario y de 1% en prestaciones.

“Pareciera que no se busca un acuerdo, sino prolongar el conflicto con fines políticos. El daño que se está haciendo a la ciudadanía es gravísimo”, dijo el secretario de Gobierno en una conferencia conjunta con Guerra Álvarez, realizada el 26 de junio.

El Poder Judicial capitalino arrastra un problema estructural que no se soluciona con la elección de sus integrantes, considera Claudia Morales, coordinadora de Proyectos en la organización Impunidad Cero, especializada en la evaluación de fiscalías y el Poder Judicial.

La Ciudad de México fue la entidad que más dinero destinó al Poder Judicial en 2023, con 7,869.4 millones de pesos, sin embargo, en sentencias emitidas cayó al sexto lugar con 45,741, por debajo de Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Michoacán, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2024 del INEGI.

Morales advierte que la reforma al Poder Judicial tanto a nivel federal como en la ciudad se enfocó en el cambio de las personas en puestos titulares de órganos jurisdiccionales, pero no en realizar un cambio estructural ante los problemas que arrastra.

La investigadora observa que el Poder Judicial local emitió 87,820 resoluciones en 2023, sin embargo, fueron ingresados 264,177 asuntos el mismo año, casi tres veces más.

“A pesar de que el Poder Judicial de la Ciudad de México tiene el mayor presupuesto, de que tiene una gran cantidad de jueces, es insuficiente”, sostiene la especialista.

La crisis en el Poder Judicial de la capital va más allá de un conflicto laboral y político, pues afecta el acceso a la justicia de las personas, considera la experta de Impunidad Cero.

Una muestra, puntaliza Morales, son las carencias con las que se trabaja en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), que juega un papel vital en la investigación de delitos como el homicidio y el feminicidio.

“Se pueden ir retrasando las sentencias y la procuración de justicia en materia penal cuando vemos que no hay herramientas, que falta personal capacitado, no hay condiciones con las cuales generar una convicción cierta de que un delito se cometió y una persona es responsable”, explica Morales.

Trabajadores del Incifo han denunciado falta de equipo de protección como batas, caretas y guantes quirúrgicos para su protección, además se compartió en redes sociales un video en donde al menos dos trabajadores del área pericial "juegan" con un cadáver.

La especialista de Impunidad Cero considera que más allá del acuerdo al que se llegue con los trabajadores, será necesario observar el desempeño de las personas juzgadoras que asumirán el cargo en septiembre, para evaluar si existe o no un cambio en los problemas del Poder Judicial capitalino después de la reforma.