El Poder Judicial de la Ciudad de México mantiene en el olvido un edificio que tardó siete años en construirse y que albergaría la sede del nuevo Tribunal de Justicia para Adolescentes.
Con una inversión de 570 millones de pesos, la obra arrancó en 2015 y se estimaba que estuviera lista a finales de 2016, pero se prolongó hasta el año 2022, cuando se dieron por concluidos los trabajos.
El inmueble nunca se utilizó a pesar de que fue diseñado para cumplir con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que ordenaba crear tribunales específicos para realizar los juicios orales de menores en conflicto con la ley acusados de delitos graves como secuestro, homicidio y violación.
Actualmente, el edificio de cuatro niveles, edificado sobre una superficie de casi 3,700 metros cuadrados, permanece vacío y abandonado.
Se ubica en la avenida Obrero Mundial, cerca de Parque Delta, entre las avenidas Cuauhtémoc y Doctor José María Vértiz, en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez.
Al anunciar el inicio de la construcción, la Secretaría de Obras y Servicios local informó que las instalaciones contarían con 30 cubículos para jueces y 21 salas de audiencia, dos de ellas para juicios orales, 15 de control, tres de ejecución y una de alto impacto.
Además de ministerio público, área de defensoría pública, servicios de apoyo general, dos áreas de segunda instancia con sala de juicios orales y un Centro de Desarrollo Infantil con capacidad para 120 niños.
Ahora, el edificio es resguardado por tablones grafiteados o llenas de posters que publicitan conciertos y un alambre. A una parte de la construcción le falta todavía la colocación de ventanas y el equipamiento. Los alrededores del inmueble funcionan como estacionamiento.
Se planeaba que ahí operaran 30 jueces y que se mudaran las instalaciones del tribunal de menores que opera en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc.
Aunque desde 2011 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México señalaba que las salas para juicios de adolescentes eran insuficientes y que urgía resolver este problema, la obra continúa en el abandono.
Desde el año pasado, esta obra ya no contó con recursos asignados en el presupuesto público. En 2024, al Tribunal Superior de Justicia de la capital se le aprobaron 16,527 millones de pesos, pero ese gasto no contemplaba el equipamiento del Tribunal de Justicia Adolescente.
En diciembre pasado, al participar en una mesa de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, afirmó que las asignaciones presupuestales han sido insuficientes para realizar las operaciones de esta institución.
La justicia para adolescentes requiere juzgados y tribunales especializados a fin de encontrar alternativas al encarcelamiento, explica Douglas Keillor, director ejecutivo de la organización Justicia Juvenil Internacional, que cuenta con oficinas en Estados Unidos y en México, donde realizan proyectos de mejora del sistema de justicia juvenil en Durango, Chihuahua, Guerrero, Ciudad de México y Chiapas.
En el país se reporta una tasa de encarcelamiento de menores de 15.71 por cada 100,000 adolescentes, expuso. Aunque es menor al promedio de la región de Centroamérica y El Caribe, de 16.33, es necesario hacer mayores esfuerzos porque la cárcel sea el último recurso, explicó.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal 2022, del Inegi, ese año 3,413 menores de entre de 12 y 23 años de edad cumplían alguna medida de sanción o de internamiento.
“El objetivo es la defensa de los derechos de las juventudes en conflicto con la ley y minimizar la privación de la libertad y mejorar las condiciones de los centros donde son encarcelados”, subrayó Keillor en la presentación de los Estándares para Centros de Niños, Niñas y Adolescentes.
El gobierno de la CDMX reconoció en 2016 que el Tribunal para Adolescentes significaba un cambio importante para juzgar a los menores y la modernización del Sistema de Justicia Penal.
"La Ciudad de México está trabajando para darles a los jóvenes el trato digno que se merecen y juicios que no atenten contra sus derechos humanos", señaló entonces.
En 2017, la secretaría de Obras de la CDMX informó que las uevas instalaciones del Tribunal de Justicia para Adolescentes se entregarían para el primer trimestre del 2018 para su equipamiento.
"Con una inversión multianual de 570 millones de pesos, se construye el nuevo edificio. Con estas acciones, la Sobse colabora con en el fortalecimiento de la justicia en la capital, edificando el primer Tribunal de Justicia para Adolescentes de la Ciudad de México", indicó aquel año.
A pesar de la relevancia de ese proyecto, el tribunal sigue en abandono.
