La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que, tras los 68 casos registrados de “pinchazos” en el transporte público, este jueves enviará al Congreso de capitalino una iniciativa para incorporar al Código Penal local el delito de “administración oculta o mediante engaño de sustancias que provoquen alguna reacción en las personas”.
La propuesta contempla penas de hasta siete años y medio de prisión, además de sanciones económicas.
La mandataria capitalina resaltó que la medida se suma a los protocolos de actuación presentados en recientes días, el reforzamiento de seguridad y atención a usuarios, luego de las denuncias de punciones y presunto suministro de sustancias, principalmente en el Metro y Metrobús.
Brugada dijo que para hacer frente a esta problemática y dar mayor certeza a los usuarios del transporte público, la consejería jurídica y la fiscalía de la Ciudad de México trabajaron para tipificar este delito, cuya propuesta deberá ser discutida en el Poder Legislativo.
“Es un asunto nuevo, no había pasado antes y, reiteramos, no ha puesto en peligro la vida de las personas. Sin embargo es un tema que ha generado una situación de inquietud a la población”, aseguró.
La fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, detalló que hasta este 14 de mayo, fueron recibidas 68 denuncias formales ante el Ministerio Público, de las cuales, 50 fueron en el Metro, ocho en Metrobús, seis en vía pública y cuatro en otros medios.
La fiscal detalló que la propuesta de iniciativa de ley contempla incorporar al Código Penal para la Ciudad de México el artículo 141 Quáter, dentro del capítulo de delitos contra la vida, integridad corporal, dignidad y acceso a una vida libre de violencia, con sanciones al respecto.
Esta tipificación busca imponer sanciones de dos a cinco años de prisión y de 50 a 300 días de multa, es decir de 5,657 a 33,942 pesos para quienes, sin el consentimiento de la víctima, introduzcan, suministren o apliquen cualquier sustancia de manera encubierta, ya sea a través de bebidas, alimentos, objetos punzocortantes, inyecciones, agujas u otros medios.
“La idea es que se pueda penar toda conducta que se realice, ya sea vía intravenosa, , intramuscular, dérmica o subcutánea o cualquier otro medio”, aclaró.
La iniciativa también incluye agravantes que pueden aumentar dos años y medio más las penas, en casos donde:
• La sustancia tenga efectos psicoactivos, narcóticos o altere la conciencia.
• Se ponga en peligro la vida o salud de la víctima.
• La víctima sea menor de edad, persona con discapacidad o adulto mayor.
• El acto ocurra en transporte público, instalaciones públicas o eventos masivos.
• El hecho se cometa contra dos o más personas.
• Se busque facilitar delitos como abuso sexual, violación, trata, robo, privación de la libertad, homicidio o feminicidio.
