Diputado de CDMX propone registro de drones ante la Secretaría de Seguridad

De acuerdo con el punto de acuerdo presentado y aprobado el 3 de abril ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, el legislador considera indispensable que, ante la creciente problemática de inseguridad en la capital, los drones puedan ser identificables y rastreables.

Según datos de inteligencia de la propia policía local, algunas de estas aeronaves son utilizadas para dar seguimiento a personas o vigilar inmuebles, presuntamente con fines de secuestro o robo.

Moreno Rivera resaltó que actualmente los drones están regulados bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-107-SCT3-2019, los cuales deben cumplir con distintos mecanismos tecnológicos, su venta al público no está regulada.

“Actualmente la adquisición de estos drones es sencilla, como comprar un refresco o una golosina, por lo que es frecuente que grupos criminales utilicen estos aparatos como apoyo para realizar robos, secuestros, extorsiones y otros delitos”, explica el legislador.

El legislador del PVEM advirtió que si bien el uso de drones con fines delictivos ya se contempla en el artículo 224 del Código Penal de la Ciudad de México —tras una reforma aprobada en 2023—, es necesario contar con mecanismos que permitan detectar y rastrear tanto a los dispositivos como a sus operadores.

“Se considera de vital importancia contar con un registro para ubicar a las personas que cometen robo, extorsión o espionaje, entre otros delitos”, expresó.

Israel Moreno solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que implemente un mecanismo para el registro de cada uno de los drones o aeronaves no tripuladas en la Ciudad de México.

¿Que dice la ley?

El artículo 224 del Código Penal de la Ciudad de México contempla sanciones de hasta seis años de prisión a quien cometa robo, con el apoyo de drones.

A nivel federal, el uso de drones con fines delictivos también está contemplado en el artículo 139, 315, 399 Bis del Código Penal Federal donde se sanciona con años de cárcel a quien use una aeronave no tripulada con fines delictivos.

También se adiciona un inciso k Bis al artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ambas modificaciones señalan sanciones de 40 años de prisión a quien utilice artefactos explosivos con fines delictivos y hasta 20 años a quien arroje explosivos a distancia mediante drones.

Estas dos últimas legislaciones federales se dieron luego de los incendios provocados y los ataques con explosivos a habitantes de Tecpan, Guerrero, por parte de presuntos miembros de La Familia Michoacana en 2024, así como el registro de drones con fines de vigilancia y espionaje por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.