Aprobar la reforma en la CDMX significaría dejar de tratar un servicio de salud pública como un delito, apuntó Laura Hernández, de Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos (Ledeser).
“La regulación del aborto sabemos que no puede ser desde el derecho penal. Este enfoque está basado en la criminalización y no sólo ha sido ineficaz, sino que también ha perpetuado desigualdades, discriminaciones y violencias institucionales hacia mujeres y personas con capacidad de gestar”, añadió.
En Canadá, por ejemplo, el aborto quedó fuera del Código Penal 36 años atrás, no obstante el 92% de los procedimientos de interrupción del embarazo se realizan en las primeras 12 semanas de gestación y es considerado un servicio de salud, planteó Fernanda Díaz de León, subdirectora de Incidencia Política de Ipas Latinoamérica y El Caribe.
Ya en la Ciudad de México, así como otras entidades federativas, se realizan procedimientos de aborto en estados más avanzados de gestación, en casos como cuando la concepción es producto de una violación o se encuentra en peligro la vida o la salud de la embarazada.
“La realidad es que, si se despenalizara hoy por completo el aborto y se eliminara del Código Penal, no habría un cambio significativo", explicó la representante de Ipas México.
“El hecho de que el aborto esté en el Código Penal habilita investigaciones penales, que a las mujeres y a los profesionales de la salud se les someta a averiguaciones, que las mujeres tengan que probar –en contra del principio de presunción de inocencia– que no cometieron un delito, que estaban dentro de un supuesto autorizado por la ley”, añadió.
