Caso Esmeralda y discusión en CDMX alientan debate sobre el aborto en México

Ya son 16 las entidades donde se permite la interrupción voluntaria del embarazo en el país, en la mayoría hasta las 12 semanas de gestación.

San Luis Potosí se sumó apenas este jueves a los estados que despenalizan la interrupción del embarazo. El Congreso local avaló los cambios al Código Penal de la entidad para despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación.

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En Sinaloa llega a las 13 semanas, en Aguascalientes se redujo a seis semanas y en Guerrero no se sanciona el aborto después de las 12 semanas, pero sí quien lo practique salvo ciertas condiciones.

“Lo que tenemos en este país son 33 legislaciones distintas sobre aborto: 32 Códigos Penales estatales y un Código Penal federal”, señala Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en entrevista con Expansión Política.

El caso que despertó el debate

Esmeralda, de 14 años, denunció ser víctima de una agresión sexual por parte de un familiar y reportó un parto prematuro de un embarazo que desconocía.

En Querétaro, donde vive la adolescente de origen indígena, solo se permite la interrupción de un embarazo cuando es a causa de un accidente o producto de una violación.

Sin embargo la Fiscalía acusó a la menor de haber provocado la muerte de forma intencional, por lo que la joven enfrentaba la posibilidad de pasar 3 años en la cárcel y verse obligada a pagar más de 500,000 pesos a su agresor.

Pese a que el aborto cuando el embarazo es causado por una violación es legal en todo el país, no fue suficiente para liberar a Esmeralda de la persecución del sistema penal, después de que su denuncia fuera desestimada por la Fiscalía queretana.

Finalmente, las críticas ciudadanas y la intervención del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) llevaron a que el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, decidiera retirar los cargos el pasado 31 de octubre.

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La líder de GIRE, organización que ha llevado una estrategia legal en México para avanzar hacia la despenalización, advierte que el considerar al aborto como un delito implica la criminalización de mujeres y personas gestantes.

“Esta regulación penal del aborto, más allá de los plazos o de las causales, lo que provoca es que en lugar de que una persona que desea interrumpir un embarazo o tiene un aborto espontáneo o un parto fortuito, en lugar de recibir atención médica, de calidad e inmediata, se enfrenta a una serie de obstáculos porque el personal de salud tiene muy presente que interrumpir un embarazo es un delito”, explica Ramos.

Tan solo de enero a septiembre de 2024 se han iniciado en México 592 carpetas de investigación por aborto.

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A la cabeza se encuentra la Ciudad de México, con 131 carpetas, pese a ser la primera entidad que en 2007 hizo historia al permitir la interrupción voluntaria del embarazo.

“La realidad es que mientras el aborto siga estando en los códigos penales, esto va a seguir sucediendo: vamos a seguir teniendo casos de mujeres que son acusadas, que son sometidas a investigación por Ministerios Públicos, denunciadas por personal de salud en general y vamos a seguir teniendo casos en donde las mujeres tienen que probar su inocencia”, advierte Fernanda Díaz de León, directora de Incidencia en IPAS Latinoamérica y El Caribe.

El camino en la CDMX para la despenalización

La propuesta para eliminar por completo el delito de aborto en la Ciudad de México es impulsada por la diputada local Yuriri Ayala, de Morena. La legisladora ve en la historia de Esmeralda una revictimización y un exceso por parte de la autoridad.

“La esencia de esta iniciativa es que se deje de revictimizar a las mujeres, que nosotras podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo y que no haya más casos como el de Esmeralda en nuestra ciudad o nuestro país", dice a Expansión Política.

“A parte de que se pasa muchas veces por procesos dolorosos, es un proceso físico, un proceso psicológico, se tiene que llevar a cabo un proceso legal”, añade.

El dictamen, en espera ser votado en el pleno del Congreso capitalino, plantea los siguientes cambios al Código Penal para la Ciudad de México:

• Elimina de los Artículos 76 y 144 el aborto como delito culposo a sancionar, así como el Artículo 145 que señala la sanción de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo comunitario.

• Se sanciona el aborto forzado con entre cinco y ocho años de prisión; de usarse violencia física o moral la pena sube de ocho a 10 años.

Voces en contra

Organizaciones como Red Familia, Mujeres de México y Unión Mujer se han pronunciado públicamente e incluso se manifestaron el 25 de octubre frente al Congreso capitalino.

"En el año 2007 se legalizó que una madre pudiera quitarle la vida a su hijo aunque fuera pequeño. Hoy, 17 años después, las congresistas quieren legalizar que se pueda descuartizar, desmembrar y decapitar a cualquier niño hasta 15 minutos antes de nacer si la madre no desea cuidarlo o tenerlo", acusó durante una conferencia de prensa Rosario Laris, vocera de Mujeres de México, el 22 de octubre.

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Por su parte, el colectivo Mujeres Libres y Soberanas condenó que se quiera modificar el Código Penal. “Aceptar y promover la completa despenalización del aborto hasta los nueve meses de gestación atenta contra las vidas tanto de las mujeres como de los concebidos no nacidos, quienes como mexicanas y mexicanos, tienen igualdad de oportunidades y derechos”, advirtió.

Pilar Vázquez Calva, vocera del colectivo de mujeres, afirmó al momento de la fertilización de un óvulo por un espermatozoide inicia la vida de un nuevo ser con un código genético único e irrepetible, diferente al de la madre y el padre.

"El aborto en cualquier momento de gestación es la más grave forma de violencia contra la mujer ya que la coloca en una situación de abandono, desamparo familiar, social y económico, además de que, en la mayoría de los casos, protege y libera al progenitor de su responsabilidad", aseguró.

La representante de IPAS Latinoamérica y El Caribe considera estos señalamientos falsos y sostiene que la propuesta de reforma para la Ciudad de México implica sacar del Código Penal lo que es un servicio de salud.

“Una mujer que necesita un aborto lo va a conseguir como sea, pero la criminalización implica arriesgar su vida, su salud. Esta iniciativa no significa nada más y nada menos que retirar el aborto del Código Penal para normarlo en otros instrumentos”, apunta Díaz de León.

La directora de GIRE señala que la reforma propuesta para eliminar este delito en la Ciudad de México coincide con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar inconstitucional la penalización del aborto, así como la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para alejarse del derecho penal y atender desde una perspectiva de salud pública.

“Se trata de sacar de una vez por todas el aborto del ámbito penal y llevarlo al lugar donde pertenece que es el de la regulación sanitaria”, sostiene Ramos.

Clara Brugada, jefa de Gobierno, se pronunció también en este sentido en respaldo a la propuesta de reforma.

“El gran objetivo es la despenalización, es decir, sacarlo del Código Penal. No puede estar la interrupción del embarazo en el Código Penal; se trata de que no se penalice, sino que se regule justamente como debe ser, a través de las normas de salud,” afirmó el pasado 4 de noviembre durante una conferencia de prensa.

Con 16 entidades donde aún no es posible interrumpir un embarazo por voluntad propia, la legisladora Yuriri Ayala espera que como en 2007, la Ciudad de México pueda ser de nuevo punta de lanza para evitar la criminalización, en especial de mujeres y personas gestantes vulnerables.

“Esmeralda se ha vuelto un caso visible, pero desconocemos cuántos casos más tenemos en el país o en la ciudad y que por señalamientos sociales o criminalización de la mujer no son denunciados, solo los vive la víctima y sus familias pero no se atreven a hacer una denuncia”, sostiene la diputada.