¿Desaparece la propiedad privada en CDMX con el decreto de Batres?

Una reforma sin cambio sustancial

Los expertos consultados aseguran que la entrada en vigor de este decreto en la capital no implica un cambio sustancial en la situación actual.

La modificación del Artículo 3 de la Constitución capitalina señala que la propiedad se regirá con las leyes federales, mismas que ya contemplan la protección a la propiedad privada. El Artículo 27 de la Carta Magna establece que la propiedad originaria corresponde a la Nación, pudiendo transmitir el dominio a los particulares para constituir la propiedad privada.

Ignacio Morales Lechuga, notario 116 de la Ciudad de México y exprocurador General de la República, explicó que la Constitución capitalina aprobada por el Constituyente en 2017 reconoce diversos derechos, entre ellos el de la propiedad privada, por lo que destacó que incluir este derecho en una ley local, no contraviene lo establecido en las leyes federales.

En entrevista, agregó además, que la propiedad privada es un derecho humano establecido en las leyes internacionales, de las cuales,México forma parte desde 1969, por lo que señaló no se tiene por qué tener miedo.

“Me parece una reforma inútil, porque lo diga o no lo diga, la propiedad privada se va a regir con el Artículo 27 constitucional. Entonces, ¿al quitar el respeto a la propiedad uno pierde derechos? realmente creo que no, porque México es suscriptor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente del tratado de 1969 en el que reconfirma que la propiedad privada es innata a la persona humana y es un derecho humano”, explicó.

¿Qué dice la ley capitalina y la federal?

El 2 de septiembre se publicó un decreto que reforma el inciso A, numeral 2, del Artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México. La reforma establece que la Capital del país asume como principios el respeto a los derechos humanos, el Estado democrático y social, entre otros.

Anteriormente, el Artículo 3 mencionaba la "protección a la propiedad privada", pero esa frase fue eliminada para declarar que la protección de la propiedad en la capital se rige según los términos del Artículo 27 de la Constitución federal.

La reforma al Artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial , fue previamente aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso local. Los diputados de la segunda legislatura dieron su aval mediante una votación unánime de todos los grupos parlamentarios.

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¿Por qué causó polémica?

La alarma se extendió rápidamente. Mensajes en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea sugerían que la propiedad privada había dejado de existir y que desde el Gobierno podrían expropiar sus bienes.

El momento y la forma en la que se dio a conocer el decreto causó incertidumbre ante el sector inmobiliario, que ya enfrentaba una desaceleración debido al cambio de gobierno. A esto se sumó también la falta de claridad con la que se informó.

"De por sí ya tenemos un mercado inmobiliario que no estaba en su mejor momento justo por el cambio de gobierno, fenómeno que sucede cada seis años, sin importar el gobierno que sea", señala Calderón.

Sin embargo, los especialistas desmienten categóricamente todos los rumores que se han gestado en redes sociales de que con ella, se podrá "expropiar propiedades".

“No va a dejar de existir la propiedad privada, eso va a seguir existiendo. No tuvo una reforma trascendental la Constitución de la Ciudad de México, simplemente se adecuó a lo que establece la Constitución Federal", dice Abimael Zavala, socio director de Zavala Abogados.

Morales Lechuga asegura que la reforma sobre la propiedad privada es más un mensaje político que lanza el jefe de Gobierno, Martí Batres sobre su postura ante la propiedad privada.

Para Alejandra Loya, catedrática de la universidad Iberoamericana, el decreto de la Ciudad de México por el que se elimina la palabra “propiedad privada” del Artículo 3, se da en un contexto de efervescencia política ante la discusión de la Reforma Judicial en el Congreso federal, así como una transición en las administraciones local y federal.

Considera que este momento se abona a una mala estrategia del Gobierno capitalino por comunicar los alcances de las modificaciones legales.

“No sé si lo hicieron con intención de escandalizar o por desconocimiento de la Constitución o para darle una visión social a la reforma de (Martí) Batres, pero la realidad es que esta reforma se debe interpretar con la Constitución federal”, dijo.

Sin expropiaciones

El Artículo 27 constitucional señala que “la nación tiene en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada, las modalidades que dicte el interés público”, lo cual fue interpretado por algunas personas como el mecanismo por el que el gobierno podría expropiar casas, departamentos, edificios u otro inmueble privado.

Ante ello, expertos y legisladores señalan que es fundamental recordar que, además, los afectados tienen derecho a defenderse a través de un juicio de amparo.

Jorge Gaviño, exdiputado capitalino y uno de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, encargado de dictaminar la reforma a la Constitución local, negó que lo aprobado y publicado ya como el decreto, tenga relación con expropiaciones ilegales.

El legislador señaló que, si bien la expropiación es una facultad que el gobierno local y federal tienen para fines de utilidad pública, para ejercerla debe ser sustentada y justificada.

“El régimen de propiedad se mantiene incólume, queda exactamente igual que como estaba antes del decreto. No hay ningún temor, ninguna posibilidad de afectación a la propiedad privada, en el entendido de que la constitución desde hace años tiene la declaratoria de que se respeta la propiedad privada”, sostuvo en entrevista.

Para Alejandra Loya, la catedrática en derecho por la Iberoamericana, coincidió en que la modificación del Artículo 3 de la Constitución capitalina no contempla expropiaciones, y de llegar a ejercer, estas tienen que llevar un proceso legal diferente.

“No se puede hablar de expropiaciones sin sentido, el gobierno debe justificar la utilidad pública para ejercer su derecho y además indemnizar conforme a lo que establece la ley”, aseguró.

Ante la confusión generada, los expertos hacen un llamado a la calma y a la información responsable, pero también señalan como deseable que el gobierno capitalino pueda salir a clarar los alcances de su decreto para dar tranquilidad.

"Trabajemos como hemos venido haciéndolo, informándonos, tratando de darle la información real a nuestros clientes y por supuesto que esperemos que la autoridad aclare para que no se siga generando más desaceleración en el mercado", dice María Eugenia Calderón, de la AMPI.