¿De qué va la iniciativa?
La iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México, conocida como 'Ley Ocaña', busca que las penas en prisión sean de tres a siete años (actualmente van de los dos a los seis años). Esta medida aplicará a la “persona servidora pública que, de forma indebida resguarde, difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, fotografíe, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada (de un hecho delictivo)”.
Para lograr dicho cambio, la diputada Sánchez Barrios planteó reformar los artículos 225 BIS y 281 BIS del Código Penal.
Asimismo, se propone imponer sanciones, además de la prisión que puede ir de los tres a siete años, una multa de 700 a 1,300 Unidad de Medida y Actualización (UMA) (de 72,618 a 134,862 pesos).
Se apunta además que se impondrán hasta una mitad más a las sanciones previstas, cuando el delito involucre como víctimas a mujeres, niñas, niños, adolescentes o alguna persona en situación de vulnerabilidad.