Deja Sheimbaum instrumentos de desarrollo con objetivos transexenales

De esos dos, el Programa General de Ordenamiento Territorial es el instrumento que ha causado mayor preocupación.

El proyecto no crea sino mantiene la zonificación del Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal –publicado hace más de 20 años– y los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano (PDDU), siendo los más antiguos de 1997 y los más recientes de 2011.

Esto traiciona el objetivo que tiene de encaminar el desarrollo de la ciudad hacia el futuro, señala Josefina McGregor, representante de la organización Suma Urbana.

“Todo el Programa de Ordenamiento Territorial hará referencia a una legislación de hace 20 años, ¿para actualizar los instrumentos para los siguientes 20 años? Es absurdo”, dice la activista en entrevista con Expansión Política.

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Además, se deja a las alcaldías la responsabilidad de definir los usos de suelo, pues deben crear sus propios Programas de Ordenamiento Territorial para cada una de las 16 demarcaciones.

Mónica Tapia, directora de la organización Ruta Cívica, advierte que esto podría comprometer a quienes busquen ser electos como alcaldes en 2024 a comprometer la planeación de las alcaldías a intereses económicos.

“Que no haya una zonificación primaria, es decir, lineamientos sobre cómo van a quedar los instrumentos a nivel ciudad y que todo se deje a las alcaldías –próximas a elegirse o a reelegirse– crea estas condiciones de procuración de fondos ilegales para sus campañas, es decir, hacer promesas: ‘tú finánciame y yo te doy estos usos de suelo’.

“Deja al mejor postor, a quien pague más, los usos de suelo, no al interés público ni la protección de riesgos, no a pensar en inundaciones o sequías, no a pensar de manera sustentable”, considera Tapia.

El PGOT se encuentra ya en el Congreso capitalino aun cuando se carece de un marco legal que le dé sustento, pues los legisladores no han aprobado una Ley de Ordenamiento Territorial que venga a sustituir la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Además, los proyectos fueron aprobados y presentados por un Instituto de Planeación acéfalo desde febrero tras la renuncia de su primer director Pablo Benlliure y el nombramiento de un “encargado de despacho”, Patricio Carezzana, sin pasar por el proceso constitucional donde el Congreso debe designar un Comité de Selección.

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Esto deja a los instrumentos de planeación a merced de ser combatidos por la vía legal, explica Armando Rosales, presidente de la Asociación de Urbanistas en Ciudad de México.

“Se puede judicializar el desarrollo urbano de la ciudad. ¿Qué pasa? Se quiere levantar un desarrollo urbano, de construye y podrían impugnarlo los vecinos, creando incertidumbre para las inversiones en la ciudad y viceversa, el vecino que quiere proteger s patrimonio o un área de preservación ecológica de un desarrollo que no le parezca adecuado tendría que irse a tribunales y amparos”, detalla el especialista.

En el Congreso, el presidente de la Mesa Directiva, Fausto Manuel Zamorano, ha retrasado el enviar a la comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana los proyectos de instrumentos de planeación y se prevé que lo haga el próximo 5 de julio, 28 días después de ser enviados por la entonces jefa de Gobierno, quien dejó el cargo para buscar la candidatura presidencial de Morena.

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De ser así, solo quedaría cinco de los seis meses con los que cuentan los diputados locales para la discusión de ambos instrumentos, pues una vez cumplido ese tiempo si no es votado por el legislativo local, se aplicará la “afirmativa ficta” con lo que quedarán aprobados tal como se presentaron.

La falta de avance en el Congreso también ha impedido que en la comisión se puede trabajar en un dictamen al que los ciudadanos puedan hacer observaciones y que se realice un Parlamento Abierto en donde se pueda escuchar a los expertos y ciudadanos.

Mónica Tapia hace un llamado a los habitantes de la ciudad preocupados por el desarrollo de la capital, afectados por construcciones o falta de recursos como el agua, a pedir a los diputados locales una discusión clara y abierta sobre los instrumentos de planeación.

“El Congreso de la ciudad va a decidir a los próximos 20 años. Si nos quedamos sin agua y construimos sobre grietas y fracturas, de qué tamaño van a ser los edificios, cuánto se va a ampliar el transporte público. Todos estos temas si no se debaten en el Congreso sería una irresponsabilidad”, apunta la representante de Ruta Cívica.

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