Instrumentos de planeación para CDMX generan polémica; organizaciones ven albazo

En diciembre de 2022, ante protestas de integrantes y pueblos originarios de Milpa Alta y Xochimilco, el Gobierno capitalino puso pausa a la consulta de ambos instrumentos de planeación.

Aunque ya había críticas contra el proceso para elaborar estos instrumentos por el Instituto de Planeación –encabezado por Pablo Tomás Benlliure, ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda–, fue la creación del ‘suelo rural’ y con ello la disminución del suelo de conservación lo que provocó las manifestaciones de rechazo.

En ese momnento, la jefa de Gobierno reconoció que el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial tenían “problemas” e incluso planteó la opción de reponer la consulta.

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Tras cinco meses sin alguna actualización, Sheinbaum junto al secretario de Gobierno, Martí Batres, presentaron dos nuevas versiones de los instrumentos –que hasta el momento no son públicos– los cuales serán enviados al Congreso capitalino para su discusión y votación.

¿Qué cambios se hicieron?

Batres explicó este martes 23 de mayo que las principales modificaciones hechas al contenido de los instrumentos de planeación.

“Tomando en cuenta todas las observaciones que se hicieron y trabajando con las organizaciones que hicieron observaciones globales y puntuales, es que se elaboraron dos nuevos documentos. Son diferentes, tanto en su redacción como en su dimensión, pero sobre todo en sus concepciones, a los documentos anteriores”, afirmó el secretario de Gobierno.

• Se aclara la existencia de los usos de suelo habitacionales puros y en particular del uso de suelo habitacional unifamiliar, a petición de habitantes de colonias de clase media.

• Se establece que los programas parciales de las colonias continuarán vigentes, no se eliminan con la aprobación del Programa General de Ordenamiento Territorial.

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• Se crean mecanismos para impedir la privatización del servicio de agua en la ciudad.

• Se prohíbe la construcción de megaproyectos en zonas con estrés hídrico, “de tal manera que se proteja esas zonas donde ya no se puede construir más porque apenas alcanza el agua para quienes viven en estas zonas”, detalló el funcionario.

• No se divide el suelo de conservación ni se reduce, se elimina el concepto de ‘suelo rural’.

• Se reivindica reconoce el derecho a la ciudad. “Se recupera desde lo público y desde lo común y se establece el combate a las desigualdades, el fortalecimiento a la vida comunitaria y la defensa de los derechos sociales y de los derechos ciudadanos en la Ciudad de México”, indicó Batres.

La oposición al PGD y PGOT

Las organizaciones Ruta Cívica y Suma Urbana se pronunciaron ante la decisión del Gobierno capitalino de dar por válida la consulta del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, fue apenas el lunes 22 de mayo que la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación votó para aprobar y enviar a la jefa de Gobierno ambos instrumentos; no obstante, este organismo lleva tres meses sin director tras la renuncia de Belliure, además de no tener Consejo Ciudadano.

El Frente por la Defensa de los Derechos de nos Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac también se posicionó en contra de los dos instrumentos.

“Pese a que el derecho de consulta existe, el gobierno ha demostrado que puede decidir unilateralmente dar por concluida una consulta, no consultar a todos los pueblos y barrios, y aun así, presumir el proceso y buscar su inmediata aprobación”, señaló el colectivo en un comunicado.

En respuesta la jefa de Gobierno desestimó esta oposición a los instrumentos.

“Ayer (lunes) estuvieron las representaciones de pueblos -pero las representaciones votadas- a favor del programa que se había planteado. Habrá quien no esté de acuerdo, pero de que representen a los pueblos del sur, eso es muy distinto”, dijo Sheinbaum.

A continuación:

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¿Qué sigue para los instrumentos de planeación?

Tanto el Plan General de Desarrollo y como el Programa General de Ordenamiento Territorial deberán ser entregados por el Instituto de Planeación a la jefa de Gobierno, quien realizará una última revisión de los proyectos.

De aprobarlos, los enviará al Congreso capitalino para su discusión y votación, para lo cual los diputados locales contarán con un periodo máximo de seis meses, de sobrepasar este tiempo sin aprobar o rechazar los instrumentos de planeación, se considerarán aprobados por ‘afirmativa ficta’.

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Los legisladores tendrán aún más trabajo, ya que además deben aprobar la reforma para cambiar el plazo constitucional –vencido el 1 de octubre de 2022– para que ambos instrumentos entren en vigor, así como una segunda reforma para eliminar de la Constitución el concepto del ‘suelo rural’, más una tercera reforma para modificar los requisitos para formar parte de los organismos ciudadanos del Instituto de Planeación.