CDMX ocupa primer lugar en violencia vicaria y ahora la reconoce en su ley

Aunque no hay cifras oficiales sobre la violencia vicaria, pues es apenas este 2022 cuando las entidades han comenzado a reconocerla en sus legislaciones, el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV) ha documentado 2,165 de mujeres víctimas en México, en las cuales la capital concentra el 21% de los casos.

Con la Ciudad de México, ya son 11 entidades que incluyen en sus leyes el reconocimiento de este tipo de violencia de género, quedando aún 21 estados donde se mantiene el vacío legal.

"Empezaba lo peor: la violencia vicaria"

“¡Señor, señora, no sea indiferente, se roban a los hijos con ayuda de los jueces!”, gritaron frente al Congreso de la ciudad para celebrar la aprobación de esta reforma las mujeres que integran el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria y la Colectiva de Amorosas Madres Contra la Violencia Vicaria (Cam-Cai).

Gabriela Martínez Ciprián es una de las mujeres que celebra la aprobación de la llamada ‘Ley Vicaria’ y cuya vida ha sido impactada por la violencia vicaria: su hija de solo 4 años fue extraída por su expareja del hogar que compartían y no ha podido ver su rostro o escuchar su voz durante los últimos siete meses.

Con el pretexto de llevar a la niña a una revisión médica, su padre salió con ella la mañana del pasado 16 de marzo y prometió regresar a las 9:00, sin embargo ante la falta de respuesta a llamadas y mensajes, buscarlos sin resultados así como desconocer dónde se encontraba su hija, Gabriela acudió esa noche a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.

“Vas esperando que te resuelvan, te apoyen y lo único que recibí es que literalmente me sacaron de ahí. Me dijeron que no iban a levantar la Alerta Amber porque no es un delito, les expliqué que no fue un acuerdo, él se la llevó, la está secuestrando. ‘Claro que no señora, él es su papá, tiene derecho’, me respondieron’”, relata en entrevista con Expansión Política.

La petición de divorcio que hizo a su pareja, quien es profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), fue el detonante para que su pareja huyera con su hija hacia Campeche sin informarle y cortando toda comunicación entre la pequeña y su madre.

“Aquí lo que importa es la violencia que ha sufrido mi hija: tiene 4 años, estuve con ella desde su nacimiento, yo era quien la cuidaba y de repente la sustraen. No puedo comunicarme con ella por ningún medio: ni digital, ni llamadas o mensajes, se desapareció por completo y todo fue a partir de que solicité el divorcio porque los niveles de violencia en la relación eran altos”, señala.

Para Gabriela, la aprobación de esta reforma le da nueva esperanza de reunirse pronto con su hija y recibir justicia en el juicio por la guardia y custodia de su hija.

¿Qué se aprobó en el Congreso CDMX?

La reforma aprobada por unanimidad al Artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México reconoce y define lo que es la violencia vicaria.

“Es la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o haya mantenido una relación de hecho o de cualquier otro tipo, por sí o por interpósita persona, que provoque la separación de la madre con sus hijas e hijos o persona vinculada significativamente a la mujer”, indica el dictamen.

Esta separación puede ser a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza, poner en peligro o promover mecanismos jurídicos y no jurídicos, cuyo propósito sea retrasar, limitar o impedir la convivencia con la víctima.

El fin es manipular, controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo, ocasionando un daño psicoemocional, físico, patrimonial o de otro tipo a ella y a sus hijas e hijos, “e incluso el suicidio a las madres y a sus hijas e hijos, así como desencadenar en el feminicidio u homicidio de las hijas e hijos perpetrados por su progenitor”, señala la reforma.

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Además de los hijos e hijas, este tipo de violencia también se puede cometer a través de miembros de la familia –como padres, madres, hermanas y hermanos– o personas con relación afectiva con la víctima.

“Es particularmente grave cuando las instituciones destinadas a la atención y acceso a la justicia, al no reconocerla, emiten determinaciones, resoluciones y sentencias sin perspectiva de género vulnerando derechos humanos de las mujeres y el interés superior de la niñez”, reconoce la reforma.

La lucha que sigue

Jennifer Seifert, una de las cofundadoras del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, señala que el reconocimiento de la violencia vicaria en la ciudad es una primera batalla ganada, sin embargo sigue el luchar por establecer sanciones en contra de los agresores.

“Las penas en general que estamos buscando para estos agresores son entre 4 y 8 años de cárcel. Es una violencia que llega, desgraciadamente lo hemos visto casos desde el Frente, a feminicidio, intentos de feminicidio, un suicidio inducido que aquí en México no está penado pero en algunos países en el mundo sí se considera un delito”, apunta en entrevista.

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La activista adelanta que buscarán ir más allá para que se establezcan mecanismos de prevención, detección y apoyo a víctimas en este tipo de violencia e incluso plantea la necesidad de llevar las penas más allá del agresor: a abogados, familiares y funcionarios públicos cómplices.

“Esta es una violencia que no trabaja un agresor por sí solo: existen muchos cómplices, primero los abogados que son las personas que ven estos huecos legales y acceden a levantar denuncias falsas. También tenemos a los familiares cómplices porque la mayoría de las veces los agresores no se los llevan para cuidarlos, sino que los dejan al cuidado de un familiar o de la actual pareja", dice.

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“En tercer lugar están las instituciones que operan de forma corrupta, que ejercer una violencia institucional terrible, que dilatan los procesos y hacen todo lo posible para alargar todo esto. Estamos pidiendo nosotras que dentro de la ley existan sanciones para estas autoridades: desde la destitución de sus puestos hasta tiempo de cárcel, dependiendo de la magnitud de los casos”, explica la activista.