El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria (FNCVV), un referente en esta lucha, ha logrado que en Zacatecas, el Estado de México e Hidalgo establecieran un tipo penal y sanciones.
A nivel federal también se busca el reconocimiento de la violencia vicaria como la expresión más cruel de la violencia de género, con la que el agresor busca dañar a la mujer a través de sus hijos.
En el caso de Mónica Peyro, un juez de Durango la vinculó a proceso en marzo de este año luego de que denunció abuso sexual en contra de sus hijas de cuatro y cinco años de edad mientras estaban en custodia de su exesposo.
Mónica presentó la denuncia formal ante la fiscalía de Durango en abril de 2020 y presentó un dictamen en el que se detalló que las menores presentaban "señas compatibles con penetración de antigua data". Cuatro meses después, tras más estudios médicos, acudió a ratificar su denuncia.
Para noviembre de 2020, la médico legista de la fiscalía de Durango, Wendy López Marrufo, quien firmó el primer dictamen, cambió su versión y refirió que las lesiones en una de las niñas podía deberse a "otras patologías", como estreñimiento o el uso de supositorios, pues además "no expresaba situación de abuso", de acuerdo con las denuncias de Mónica.
En marzo de este año, ella, su hermano y su padre son notificados de una denuncia penal por "violencia intrafamiliar" por haber difundido en redes sociales el caso de abuso contra las niñas.
El juez determinó que con esos actos se ejerció "violencia psicológica" en contra del acusado, y en abril Mónica y su hermano fueron vinculados a proceso y se les ordenó dejar de publicar en sus redes sociales.
