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Vecinos de Santa Fe pelean “a ciegas” su patrimonio contra aseguramiento de FGR

Los afectados denuncian que, pese a tener todos los documentos que los avalan como legítimos propietarios, viven con incertidumbre de que la FGR pueda apropiarse de su departamento o negocio.
mar 25 octubre 2022 11:59 PM

Sin tener acceso a la carpeta de investigación, ni una explicación clara de por qué la Fiscalía General de la República (FGR) reclama predios en Santa Fe como bien de la nación, propietarios de departamentos ubicados en 53 hectáreas del polígono Conafrut luchan “a ciegas” para evitar el aseguramiento de su patrimonio, en un ambiente de incertidumbre.

Expansión Política documentó el aseguramiento de diversos inmuebles comerciales, habitacionales y terrenos baldíos con alta plusvalía ubicados en Prolongación Paseo de la Reforma y la lateral de la autopista México Toluca por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) mediante un decreto emitido hace 115 años por el entonces presidente Porfirio Díaz.

A raíz de ello, un vecino que pidió la protección de su identidad para evitar que la FGR ejerza acciones legales en su contra denunció la falta de claridad en la indagatoria, lo que ha dificultado la estrategia legal de su defensa para conservar su patrimonio.

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Pasan de dueños a "invasores"

El sismo de septiembre de 2017 causó graves afectaciones al edificio de la Fiscalía General de la República en Paseo de la Reforma 211 que lo dejó inoperable y por ello el organismo tuvo que buscar una nueva sede.

En junio de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que el gobierno federal a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) destina alrededor de siete hectáreas de un terreno ubicado en el polígono Conafrut para la construcción de la nueva sede de la FGR, que tiempo después se amplió por la construcción del “parque nacional de la justicia”

Ese mismo año, llegó a la FGR una "denuncia ciudadana" contra dos personas, relacionadas con delincuencia organizada, tráfico de personas y de armas, que además invadieron porciones de terreno “propiedad nacional” en la zona de Santa Fe que colindan con la construcción de su nueva sede.

El vecino consultado asegura que este caso inició hace varios años, pero hasta agosto de 2022 fue cuando la FGR, a través de la Unidad de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, envió citatorios a más de 1,000 propietarios de departamentos del polígono Conafrut, pero al llegar ante la autoridad mediante su defensa legal, estos no permiten conocer la carpeta de investigación.

“Nos dicen que la Fiscalía está investigando algo, no nos dicen qué, solo que están en litigio esos terrenos donde está ubicado nuestro departamento porque son propiedad de la nación, no nos dan acceso a la carpeta (de investigación), tampoco nos dan acceso al decreto de 1907”, explicó.

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Algunos propietarios de inmuebles en Santa Fe recibieron citatorios el 2 agosto para presentarse ante la unidad especializada de investigación, terrorismo, acopio y tráfico de armas de la FGR tres días después de haber sido notificados

El afectado reprocha que lo que busca la FGR es dificultar la estrategia para la defensa de sus patrimonios a pesar de contar con la documentación que los avala como legítimos propietarios.

“Para tramitar un amparo, tiene que existir un acto por parte de una autoridad, en este caso la FGR, y cuando llega ante un juez federal, la FGR desconoce los citatorios y niega ejercer acción penal en contra de los propietarios de departamentos en Santa Fe; entonces no sabemos contra qué o contra quién nos defendemos”, apuntó.

El vecino, cuyo departamento se ubica en el polígono que disputa la FGR dijo que esta situación los pone en una especie de “limbo” administrativo y legal para tratar de defender su patrimonio.

“Los vecinos que atendieron el citatorio de FGR dicen que no pueden conocer la carpeta de investigación porque no son parte acusada, pero si piden que desalojen el predio o de lo contrario se clasifica como delito y se persigue como ocupación de bienes nacionales que se castiga hasta con 12 años de cárcel; todo esto es una arbitrariedad”; señala.

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Terrenos habitados y en venta

El vecino consultado asegura poseer todos los documentos que lo avalan como legítimo propietario del inmueble que habita desde hace poco más de un año cuando adquirió su departamento a otra persona.

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Carta de un notario público que avala la acción de compraventa de un departamento en la zona de Santa Fe
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Documento expedido por la consejería jurídica de la Ciudad de México
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Registro público de la propiedad sobre los terrenos de Santa Fe
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Entre los documentos que tiene en su poder y de los cuales compartió a Expansión Política están: la carta del notario público Marco Antonio Ruiz Aguirre que avala la acción de compraventa, la inscripción a la jornada notarial 2021 expedido por la Consejería Jurídica de la Ciudad de México y una copia de registro público de la propiedad donde se deroga el decreto emitido del Porfiriato y se reconoce en 1917 la propiedad privada en Santa Fe.

“La solución del problema debería ser que la FGR nos deje en paz porque no hay delito que perseguir y, en todo caso, deberían denunciarnos por lo civil, ya se los dijo un juez. Entonces, no sé qué vaya a hacer la Fiscalía, tengo la documentación, tengo todo”, explica el afectado.

Aunque se mantiene la disputa entre la FGR y particulares por 53 hectáreas del polígono Conafrut, la construcción de torres de departamentos y de oficinas no se ha detenido, es el caso de los desarrollos denominados: High Park Reforma, Blum y Yama que no han parado sus obras y se mantienen las oficinas de venta o preventa.

“Todos estos desarrollos fueron construidos en la actual administración de Claudia Sheinbaum, si eran propiedad de la nación, ¿cómo es que el gobierno de la ciudad no se dio cuenta? ¿Cómo es que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda autorizó?”, cuestiona.

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“No es una lucha de clases sociales”

A través de redes sociales, algunas personas han criticado la defensa legal que emprendieron habitantes de la zona de Santa Fe ante lo que calificaron como un “acto arbitrario” por parte de la FGR por tratar de asegurar su departamento o negocio.

En este sentido, el vecino entrevistado aseguró que independientemente de la zona, la autoridad no debe utilizar su poder para apoderarse de predios, mediante la utilización de decretos emitidos en materia de terrenos baldíos, ya que de lo contrario, no existiría certeza jurídica ni para Santa Fe, Iztapalapa o cualquier otra zona que rodee a la capital.

“No es una lucha de fifís contra pobres o de clases, nadie tiene derecho a quitarnos nuestra propiedad, la Constitución dice que nadie debe ser molestado o privado de su propiedad mediante juicio previo, Santa Fe es una zona que odian los seguidores de López Obrador pero que él mismo desarrolló cuando era jefe de gobierno”, señaló.

Aunque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que los vecinos de Santa Fe “no deben preocuparse” de perder su patrimonio, según lo manifestado por el propio Alejandro Gertz Manero, la alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón y diputados panistas como Jorge Triana y Gonzalo Espina advierten que acompañarán legalmente a los vecinos ante una “embestida institucional” que ha afectado incluso, psicológicamente a los propietarios al vivir con incertidumbre desde hace ya varios meses.

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