Exdelegados de BJ han sido llamados a declarar por caso “cártel inmobiliario”
De acuerdo con el Gobierno federal, el llamado “cártel inmobiliario” es una organización de servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria en la Benito Juárez.
La Fiscalía de la Ciudad de México informó hoy que exdelegados de la alcaldía Benito Juárez han sido llamados a declarar por la investigación del caso conocido como “cártel inmobiliario”, en el cual se indagan supuestas irregularidades en la construcción de inmuebles en la demarcación capitalina.
“Como lo dimos a conocer en su momento, las investigaciones han apuntado a diversos personajes, no solamente a aquellos que limitan sus actividades profesionales al sector inmobiliario, sino también a quienes que se desempeñan en el ámbito político, notarial y administrativo de dicha demarcación”, expuso el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López.
La alcaldía Benito Juárez ha sido gobernada por políticos del Partido Acción Nacional (PAN) desde el año 2000. Desde 2018 se encuentra al frente Santiago Taboada.
Antes de él estuvo Ángel Luna Pacheco, Christian Damián Von Roehrich, Ricardo Amezcua Galán, Jorge Romero Herrera, Mario Alberto Palacios Acosta, Germán de la Garza Estrada, entre otros.
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El vocero de la Fiscalía dijo que entre las personas llamadas a declarar se encuentran familiares de primera línea de imputados por el caso, como cónyuges y hermanos, así como de exdelegados y diversos servidores y exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, además de accionistas y desarrolladores inmobiliarios, cuyos vínculos posiblemente están encaminados a la comisión de delitos tipificados en el Código Penal para el Distrito Federal como enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido del servicio público.
La autoridad destacó que los nombres de los involucrados se reservan por la secrecía de la investigación.
Lara detalló que las 46 cuentas bancarias “en las que el personal ministerial de la Fiscalía de Ciudad de México pudo detectar un posible vínculo directo con las personas imputadas y sus empresas, la mayoría de ellas del sector bienes raíces, ya son investigadas por autoridades federales como la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para determinar la posible comisión de otro delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal”.
El vocero explicó que se continúa reuniendo información por parte de las y los vecinos directamente afectados, “actuando bajo nuestras respectivas atribuciones y marco legal para brindar certeza a las víctimas”.
La Fiscalía continúa la recepción de denuncias por parte de la ciudadanía, que ha aportado “valiosos datos para el robustecimiento de las investigaciones”, añadió.
En agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “delincuentes de cuello blanco” a los acusados de extorsionar a empresarios a cambio de otorgar permisos de construcción en la alcaldía Benito Juárez.
De acuerdo con el Gobierno federal, el llamado “cártel inmobiliario” es una organización de servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez.
Su modus operandi consistía en el intercambio favores por autorizaciones de construcción.