El Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México (SLA CDMX) se encuentra a la deriva, a un año de establecerse y a dos años de la aprobación de la ley que lo sustenta.
Falta de recursos, renuncias, nombramientos afines al gobierno en turno y escasa comunicación con la ciudadanía han limitado el funcionamiento del sistema, cuyo propósito es prevenir y combatir la corrupción en la capital.
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) es una parte clave en el Sistema Anticorrupción, con cinco integrantes ciudadanos que toman protesta ante el congreso capitalino como representantes de la sociedad civil.
Sin embargo, este comité se encuentra sin cabeza: Édgar Téllez fue presidente durante el primer año, en el que –advierte– trabajaron sin recursos; terminó su periodo el pasado 16 de marzo y quien tomaría el liderazgo, Hilda Nucci González, renunció.
“Hasta el día que yo me fui no ha recibido un solo centavo el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no han recibido un peso de sus honorarios, aunque sí se hicieron varias actividades”, señala en entrevista con Expansión Política.
Actualmente, solo quedan tres integrantes en el CPC: Jorge Alberto Vázquez Segura, por tres años; Ilian Fabiola Maldonado Salvador, por cuatro años, y Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz, por cinco años.
Téllez señala que ha existido un desdén hacia el comité, pues los entes que integran el Comité Coordinador incumplieron con la obligación de asignar presupuesto para el funcionamiento del Sistema Local Anticorrupción.
Los organismos son la Auditoría Superior, la Fiscalía General de Justicia a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Info CDMX), el Consejo de Evaluación (Evalúa CDMX), la Contraloría General y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Estos entes públicos también fallaron al no proporcionar información respecto al combate a la corrupción en su interior para el informe anual; rechazaron la realización de una encuesta de percepción sobre corrupción en la ciudad y de dos informes dados por el CPC, solo asistieron el titular del Info CDMX y un representante de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
Aunado a la asfixia en recursos, en el congreso capitalino se presentó una iniciativa en diciembre de 2021 para quitarle al comité la facultad para definir la terna para integrar la contraloría interna que vigilaría el actuar de los diputados locales para evitar la corrupción.
“Lo más fácil para ellos fue ‘ya que no podemos manejar al Comité de Participación Ciudadana, vamos a quitarle facultades’”, explica el expresidente del CPC quien sostiene que el Sistema Local Anticorrupción de la CDMX existe solo en el papel.
“Nunca pensamos que esto pudiera pasar en la Ciudad de México pero estamos rompiendo marcas, lamentablemente negativas. Se cumplió la ley pero solamente de parte de los representantes de la sociedad civil; de parte de los entes públicos está solamente en papel, el apoyo se brinda solo en discursos. Se ha visto que hasta el momento no hay ninguna voluntad para que el sistema funcione”, señala.
Mónica Tapia, directora de la organización Ruta Cívica, impulsó y presionó en el congreso local para que se estableciera el Sistema Anticorrupción, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inválida la primera ley y obligara a elaborar una nueva para su aprobación en febrero de 2020.
La activista señala que el Comité de Participación Ciudadana no ha cumplido con su propósito de ser el enlace con los ciudadanos.
“El fin del CPC era que la ciudadanía estuviera involucrada en el combate a la corrupción y que hubiera un órgano de cierta forma autónomo del propio Estado. Hay denuncias metidas en contraloría que no sabemos qué ha pasado; adentro algunas denuncias por voluntad las investigan y otras por voluntad no las investigan. El CPC debería estar vigilando que todas se investiguen y sancionen, que exista un sistema amplio de prevención de la corrupción”, señala Tapia.
Se ha visto que hasta el momento, no hay ninguna voluntad para que el sistema funcione”.
Al frente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fue nombrado por el congreso local, Rafael Chong Flores, un funcionario cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que para Tapia, comprometió desde el inicio su funcionamiento.
“Fue impulsado (para fiscal anticorrupción) un candidato del gobierno federal que ni siquiera sabía ni tenía antecedentes de combate a la corrupción. Sin Sistema (Local Anticorrupción) el fiscal es un sujeto más de la burocracia de la Fiscalía, que depende de la fiscal general (Ernestina Godoy), quien también iba a ser autónoma del gobierno, pero fue nombrada por Claudia (Sheinbaum, jefa de Gobierno)”, explica.
La representante de Ruta Cívica apunta que si bien la jefa de Gobierno tuvo como uno de sus ejes de campaña el combate a la corrupción, esto no se ha reflejado durante el actual gobierno, salvo en la investigación y sanción de delitos cometidos por funcionarios de la anterior administración.
“Las actuales administraciones no apostaron al sistema, en particular en lo nacional, pero recuerdo que Claudia Sheinbaum sí le apostaba. Tenía en campaña buenas propuestas en cuanto a la fiscalía y el Sistema Anticorrupción y como que al tomar posesión, ese ánimo de combate a la corrupción desapareció”, comenta.
