El sistema de justicia penal que rige en nuestro país tiene como máxima la presunción de inocencia por lo que toda persona que sea detenida, se debe considerar y tratar de esa forma hasta que se le demuestre lo contrario.
Una persona tiene dos vías para ser representado durante su proceso penal; ya sea mediante un abogado privado o a través de un defensor público gratuito.
Dada la cantidad de casos en materia penal, civil o familiar que a diario se generan en la capital del país, esta figura se encuentra rebasada. Según un informe obtenido a través de transparencia, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México reportó que cuenta con 469 defensores de oficio en materia penal para atender casi 100,000 casos que se registraron entre 2020 y 2021.
Lo anterior significa que cada abogado de oficio atiende un promedio 233 casos al año.
Abogados de oficio consultados refieren que al día llegan a asistir a tres o seis audiencias orales e incluso, en ocasiones tienen hasta cinco minutos para leer una carpeta de investigación y ponerse al corriente en un caso.
Especialistas aseguran que esta situación va en detrimento de sus propios representados por el poco tiempo que tienen los abogados de oficio para estudiar las carpetas de investigación, definir una estrategia de defensa, lo que tiene como consecuencia un alto margen de casos perdidos.
El documento consultado por Expansión Política refiere que en materia penal, la dirección de defensoría pública de la consejería jurídica cuenta con 469 defensores públicos especializados en materia penal, 23 en materia civil y 76 en materia familiar.
Tan solo de enero a octubre de 2021, en materia penal 44,398 casos fueron atendidos por defensores públicos, 843 casos en materia familiar en este mismo lapso de tiempo y 120 en materia civil.
La dependencia también refiere que de agosto de 2020 a julio de 2021, fueron brindadas 96,268 asesorías a personas relacionadas con averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que, con su intervención se logró la libertad de 2,496 personas en sede ministerial; es decir, solo el 1%.
Said López Govea, abogado penalista y exdefensor de oficio, señaló en entrevista que estos funcionarios están adscritos a las unidades de atención a víctimas del gobierno capitalino y de la Fiscalía de la Ciudad de México, así como a las agencias del ministerio público y las Unidades de Gestión Administrativas (UGA) ubicadas en los reclusorios.
Dijo que, cuando una persona es detenida y pide un defensor público de oficio, el ministerio público debe solicitarlo a través de un programa denominado Sistema de Interoperabilidad de Actuaciones Procedimentales (SIAP) y este a su vez asigna de manera automática a un abogado, lo que dependerá del tipo penal.
“Los delitos (son) graves, no graves, de querella, pero cuando tienes asuntos que son de otra naturaleza pues te vas al (reclusorio) oriente, al sur o a Santa Martha si es femenina (...). Lo que nos pasaba a nosotros, es que al día te va llegando tu rol y vas a cubrir la sala tres, la sala cinco y las que lleguen, o sea que no tienes ni cinco minutos para estudiar una carpeta de investigación”, describió.
Apuntó que realizar una estrategia de defensa de un caso en materia penal va mucho más allá que leer una carpeta de investigación, pues así como el ministerio público se hace de peritajes, datos de prueba, testimonios o cualquier otro elemento que fortalezca su postura, un abogado privado está obligado a tener distintas vertientes para defender a su cliente.
En cambio, un defensor de oficio, al tener poco tiempo para investigar decenas de casos al día, lo único que buscará en un juicio es ganar tiempo. Para ello, intentará localizar contradicciones en la carpeta de investigación.
“El defensor público no va por una, va por cinco o siete audiencias en un solo día, obviamente llega a tener una carpeta de investigación vacía o con pocos elementos. Es materialmente imposible tener tiempo para estudiar e investigar tantos casos, pero es que también hay que entender que el defensor público está maniatado”, expuso.
El abogado señaló que la gran mayoría de casos pasa por tres o cuatro defensores de oficio distintos en todo el proceso y aunque todas las fases son importantes, la más difícil es la terminal, pues solo debe esperar la sentencia de su defendido o patrocinado con el trabajo que otros abogados hicieron antes.
“Llegas al juicio, pierdes el juicio ¿Por qué lo perdiste? porque yo fui con lo que había en la carpeta de investigación, se hizo lo que se pudo y usted disculpe, no pasa nada, porque tú trabajaste con lo que había, porque tú trabajaste con lo que te dieron” afirmó.
“El defensor público no va por una, va por cinco o siete audiencias en un solo día".
Velda Gómez, directora de la escuela de derecho del Tec de Monterrey, consideró preocupante la cantidad de casos que un defensor de oficio atiende, ya que no se le destina el tiempo suficiente para atender lo que por derecho constitucional le corresponde a una persona que acceda a este servicio, el de una defensa legal adecuada y de calidad.
Dijo que se debe tomar el ejemplo de los sistemas de justicia de otros países como Estados Unidos donde a las firmas de abogados se les obliga a tomar casos pro bono; es decir, sin fines de lucro, y de esta manera la carga del Estado para la defensa pública disminuye.
"Esto pues también permite que se le pueda dar mejor atención a cada uno de los casos y si tocamos el punto de ¿cuánto ganan? pues no se les paga tanto como para que le dediquen tanto tiempo a un caso”, señaló.
El sueldo de un abogado público de oficio oscila entre los 16,000 y 18,000 pesos al mes.
