La regulación del comercio ambulante confronta a Morena y oposición en la CDMX

Morena: “Crea privilegios que la Constitución no prevé”

La propuesta presentada por Sánchez Barrios se centra en dar beneficios a los comerciantes en vía pública. Para Martha Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso local, esto implicaría un alto costo en recursos públicos y dejaría de lado a otros trabajadores no asalariados, como boleadores, cuidadores y lavadores de vehículos, artesanos y organilleros.

“La ley que ordena la Constitución (de la ciudad) es para la protección legal de personas en situación de trabajo no asalariado; esta ley por supuesto que debe ser integral y no solo atender a comerciantes en la vía pública”, señala Ávila en entrevista con Expansión Política.

“La iniciativa prevé un tratamiento a los comerciantes en vía pública como si fuera un grupo de atención prioritaria, cuando la Constitución local no los considera como tales”, argumenta.

Acerca del costo de implementación, Ávila advierte que sería elevado, pues la iniciativa plantea que el Congreso y la Secretaría de Administración y Finanzas cada año asignen recursos para el comercio en vía pública y creen programas específicos para este sector.

“Propone la creación de múltiples programas de asistencia social exclusivamente para los comerciantes en vía pública, lo cual implicaría un esquema de discriminación para otros grupos sociales”, sostiene la coordinadora de Morena.

La ley es impulsada por una diputada quien es parte de una familia de líderes del comercio en vía pública, entre quienes están su hermana Diana Sánchez Barrios y su madre, Alejandra Barrios Richard.

La propuesta incluye el reconocimiento de las asociaciones de comerciantes ante el gobierno capitalino y las alcaldías. También plantea que los permisos, con vigencia de cinco años y posibilidad de renovarse de forma indefinida, puedan ser expedidos tanto a individuos como a organizaciones, y estas puedan asignar permisos a otros miembros.

Para Ávila, esto solo se traduciría en el fortalecimiento de las agrupaciones, no en un beneficio social.

“Esta iniciativa no está orientada a la protección de los comerciantes no asalariados de la vía pública, sino del empoderamiento de las asociaciones de comerciantes, pues el contenido normativo del proyecto prevé que las asociaciones se conviertan en intermediarias entre el gobierno y los comerciantes”, sostiene.

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Ávila considera que se debe rescatar el dictamen avanzado durante la anterior Legislatura, que incluye planteamientos de “Chambeando Ando” y otras siete iniciativas, y que no avanzó porque en un artículo se incluyó a los mercados públicos, un punto fuera de lo que esta norma debe regular.

¿Qué dice el PAN?

Aunque el PAN históricamente ha mantenido una postura en contra del comercio informal, la diputada Ana Villagrán sostiene que el grupo parlamentario está abierto a analizar la iniciativa “Chambeando Ando”.

“Veo muy bien una ley que ayude a dar un marco de normatividad, de orden, y que al mismo tiempo brinde derechos humanos a las personas que trabajan en la vía pública; respaldo en este tema, a título personal, pero también con la apertura de nuestro coordinador, el diputado Christian Von (Roehrich)”, comenta a Expansión Política.

La diputada panista considera necesario el reconocimiento de las organizaciones de comerciantes. Critica que durante la primera Legislatura Morena detuviera la discusión y aprobación de la ley.

“No quieren que esta ley avance porque no la pueden utilizar para sus propios intereses; fue lo que ocurrió la Legislatura anterior y seguramente es lo que quieren que ocurra en esta”, señala.

Villagrán está de acuerdo en que los permisos pasen a ser otorgados por las alcaldías, pues aunque en lo formal están centralizados en la Secretaría de Gobierno, a través del Sistema de Comercio en la Vía Pública (Siscovip), en la realidad quienes regulan esta actividad e incluso llegan a hacer cobros clandestinos son los funcionarios de las demarcaciones.

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“En mi experiencia en la alcaldía Cuauhtémoc, al menos con el alcalde saliente Néstor Núñez (de Morena), nunca se escuchaba al vecino que se quejaba del aumento de puestos en vía pública y siempre se culpaba a los comerciantes. Es decir, aquellos que son los verdaderos responsables de dar la posibilidad a cualquier persona de que ejerza su derecho a trabajar en la calle son los que están provocando el desorden”, expone Villagrán.

“Sé que hay un Siscovip, pero al menos en Cuauhtémoc no abarca ni una tercera parte de todo lo que implica el comercio en vía pública”.

La panista se pronuncia a favor de la incorporación voluntaria a un régimen fiscal para los comerciantes, como propone la ley; no obstante, considera que esto debe implicar un límite claro para las zonas donde puedan instalarse. “Es necesario que se estudie el tema colonia por colonia”, indica.

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Villagrán considera que en la discusión de esta ley debe incluirse también a los ciudadanos, en especial a aquellos que se han opuesto al crecimiento del número de comerciantes en el espacio público.

“Sí (debemos) cuidar los derechos humanos de los comerciantes que todos los días se tienen que rifar la vida en vía pública, pero también darle su justo derecho a los vecinos que dicen ‘ya fue demasiado, esto es un exceso, regulemos’”, señala.

Cuestionado al respecto, el secretario de Gobierno, Martí Batres, se limitó a comentar que se trata de una tarea que corresponde al Congreso de la ciudad.

“Vamos a estar atentos, pero son cosas que el Congreso tiene en sus manos. Hay un ámbito legislativo y nosotros respetamos ese ámbito”, dijo.