CDMX: la falta de Ley de Amnistía local complica liberar a personas en prisión

El decreto de la jefa de gobierno sigue el ejemplo del publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo objetivo es excarcelar a mayores de 75 años, mayores de 65 con enfermedades crónicas, individuos que lleven en prisión 10 años o más sin recibir sentencia, así como a aquellos que hayan sufrido tortura durante su proceso.

La medida fue un gesto de buena voluntad de parte de Sheinbaum, pero es insuficiente para atender a los potenciales beneficiarios de entre una población de 26,423 personas en las cárceles de la ciudad, de las cuales 8,142 están privadas de la libertad sin recibir sentencia, señala José Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).

"Hay una intención de avanzar sin Ley de Amnistía, pero sí reconociendo que hay personas inocentes en la cárcel", dice en entrevista.

"No solo se trata de buenas voluntades, sino de instrumentos legales que institucionalmente hablando permitan a las personas inocentes que injustamente están en prisión que recuperen su libertad", añade.

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Temístocles Villanueva, diputado local de Morena, presentó la primera iniciativa en esta materia en mayo de 2020. Hoy, el legislador reconoce que en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México no se tomó como un tema prioritario, por lo cual el asunto quedó "en la congeladora".

"No hubo disposición por parte de quien presidía la Comisión de Justicia en ese momento", dice Villanueva, en referencia al exdiputado Eduardo Santillán, quien también era de Morena.

El legislador considera importante sacar adelante la ley, en especial después de episodios como la llamada "guerra contra el narcotráfico" que inició durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

"Los decretos son relevantes porque demuestran la voluntad política de un gobernante; sin embargo, tienen una temporalidad: en cuanto termine el gobierno en turno, el decreto se acaba. En cambio, las leyes trascienden a la permanencia del titular del Poder Ejecutivo, pero además demuestran el acuerdo entre todas las fuerzas políticas de un parlamento", argumenta Villanueva en entrevista.

Ahora, el asunto queda en manos de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mientras que en entidades como Hidalgo, Tlaxcala, Sinaloa y el Estado de México ya se cuenta con una Ley de Amnistía local propia.

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Incluir en la posibilidad de ser liberadas a través de la amnistía a personas presas por delitos contra la salud y políticos es uno de los aspectos más polémicos de la amnistía en la capital, señala Villanueva.

"Tenemos con esta ley dos retos importantes: identificar los contextos de discriminación específicos de nuestra ciudad que pudieran dar lugar a que la ley se aplique de manera inequitativa", expone.

"Lo segundo es analizar si es conveniente incluir los supuestos de delitos contra la salud y si también es conveniente incluir delitos políticos, como ataque a las vías de comunicación, ataques a la paz pública, sedición y portación de objetos aptos para agredir", detalla el legislador.

De su lado, Lara Duque advierte que simplemente copiar la legislación federal para incluirla en la normatividad capitalina sería un error, pues con esto solo se beneficiaría a personas acusadas por delitos del fuero común como el robo.

"La ley federal se limitó únicamente a ser un catálogo de delitos menores, cuando es a todas luces una realidad que la fabricación de delitos no se limita al ámbito de delitos menores. Asumir eso es asumir que la Policía Ministerial o Seguridad Pública tienen el pudor de no fabricar delitos graves cuando ya se están atreviendo a fabricar delitos", sostiene.

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El director del CDHZL menciona como ejemplo que la legislación en el Estado de México se distingue por incorporar en la posibilidad de amnistía a personas acusadas por delitos de alto impacto, como el secuestro y el homicidio, algo que considera que debería seguirse en la ciudad.

"Lo que se coloca en el centro del debate es que no está en discusión el delito, está en discusión si fueron ellos o no", comenta el defensor de derechos humanos.

Lara Duque sostiene que, para tener una Ley de Amnistía propia con un alcance real, se requiere la participación de las familias afectadas por el problema.

"Debe ser la sociedad civil organizada, (deben ser) los familiares de personas injustamente presas quienes tomen en sus manos la exigencia ciudadana de la implementación de esta ley al más alto estándar, porque las leyes que son calca de la federal no tienen futuro", afirma el abogado.