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Alcaldes de la CDMX tendrán poder sobre 2,816 MDP del Presupuesto Participativo

La reforma a la ley permite que los titulares de las alcaldías usen los recursos para lo que ellos definan; organizaciones y oposición advierten se podría hacer un uso discrecional del dinero.
mar 24 agosto 2021 06:00 AM
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Mientras el Instituto Electoral de la CDMX realiza las asambleas para elegir a los comités que vigilarán y ejecutarán los proyectos en cada colonia, el Congreso capitalino aprobó un cambio en la Ley del Presupuesto Participativo que permite a los alcaldes dirigir los recursos a otros rubros.

Los alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México ahora tienen poder de decidir sobre 2,816 millones de pesos del Presupuesto Participativo 2020 y 2021, gracias a la reforma propuesta por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y aprobada en el Congreso capitalino, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial apenas el pasado 18 de agosto.

“Para el caso que exista alguna circunstancia de índole jurídica, formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador del presupuesto participativo de los años 2020 o 2021, se liberarán inmediatamente los recursos.

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“La persona titular de la Alcaldía responsable podrá, de manera excepcional, destinar dicho recurso del proyecto para acciones que tengan como finalidad el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes de su demarcación territorial”, señala uno de los artículos transitorios que se agregaron a la Ley de Participación Ciudadana y la de Presupuesto de Egresos.

Sheinbaum justificó la modificación a la ley como una forma de resolver aquellos casos donde las alcaldías ya hubieran realizado los proyectos elegidos por los ciudadanos con recursos propios, pues su ejecución se suspendió ante la pandemia de COVID-19.

En el caso de los 48 pueblos y barrios originarios, sostuvo que se han interpuesto recursos legales por lo que no se ha avanzado con la ejecución de los proyectos, por lo cual la intención es liberar estos recursos.

“Por ejemplo, Milpa Alta, prácticamente no tiene Presupuesto Participativo, o tiene etiquetado su Presupuesto Participativo, pero no tiene proyectos asignados por el Instituto Electoral; entonces, ahí se les está dando la oportunidad de que puedan ejercer esos recursos en esos barrios y pueblos, en un acuerdo con la ciudadanía.

“Esa es la modificación, para que no haya subejercicio de recursos en las alcaldías”, afirmó la jefa de Gobierno el 22 de julio, al ser cuestionada durante una conferencia de prensa.

 

En contraste con la defensa de este cambio, el diputado local Federico Döring, del PAN, señala que tanto la propuesta de Sheinbaum como lo publicado en la Gaceta no se limita a casos particulares sino que dan un margen amplio e incluso discrecional a los alcaldes para ocupar estos recursos para otras áreas.

“La publicación en la Gaceta es una nueva traición de la jefa de Gobierno porque los lineamientos de Finanzas no establecen ningún criterio para determinar que están físicamente o jurídicamente imposibilitados para ejecutarse los proyectos.

“Es un cheque en blanco para las alcaldías, ni siquiera garantiza que se apliquen en las unidades territoriales donde ya se hubiesen llevado a cabo las asambleas vecinales, que debió haber sido el mínimo de los lineamientos y eso pone en incertidumbre, pueden ser desde los 2,800 millones hasta un poco menos, depende de cómo lo aplique el Gobierno”, explica el legislador en entrevista con Expansión Política.

Para Döring el impacto de esta reforma que ya se encuentra en vigor, dependerá de la decisión de cada alcalde y podría causar conflicto ante el próximo cambio de gobierno en las alcaldías el próximo 1 de octubre, en especial cuando Morena pasará de encabezar 11 a sólo siete alcaldías y la oposición integrada por PAN, PRD y PRI tendrá nueve.

“En las alcaldías que tenía Morena y que perdió, hay un enorme riesgo de revancha política y donde hay reelección, ya sea del PAN, del PRI o de Morena, el riesgo está muy acotado porque no tendrían a quién culpar los alcaldes electos”, afirma Döring.

 

En el caso de los pueblos y barrios originarios, estos han iniciado juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al considerar que no fueron consultados antes de la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana y se violentan sus formas de organización propia.

Esta nueva reforma discrimina y quita el margen de decisión de los habitantes de los pueblos y barrios de la Ciudad de México que se ubican en especial en la periferia y se presentan carencias en servicios e infraestructura pública, señala el Alejandro Velázquez, representante de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco.

“Es como una cadena de racismo y discriminación institucional porque cuando estos pueblos que ahora están siendo sujetos de esta reforma ganaron un juicio en 2020, fue para que pudieran organizase por sí mismos, hacer sus asambleas y en esas asambleas determinar en qué utilizar el Presupuesto Participativo. Desafortunadamente empezó la pandemia y entonces se tuvieron que suspender las asambleas.

“Esta nueva reforma viene a complementar el racismo institucional. Lo complicado es que si los alcaldes ejercen el presupuesto ya no va a poder ser materia electoral de un juicio de podamos ingresar, va a tener que tramitarse un juicio de amparo y va a ser todavía más tardado”, advierte el abogado.

 

Por su parte Greta Ríos, presidenta de Ollin A.C., coincide en que el cambio en la ley le otorga a los alcaldes el poder de decidir sobre los recursos donde son los ciudadanos quienes deberían tener la posibilidad de elegir cómo mejorar sus comunidades.

“La pregunta es por qué la decisión sobre la viabilidad de los proyectos se toma de manera unilateral por parte de la persona titular de la alcaldía y no por la asamblea vecinal, si la propia asamblea vecinal está designada como un espacio de toma de decisiones”, señala.

La activista advierte que son los ciudadanos quienes tendrán que acudir ante tribunales y vigilar que los proyectos que decidan en sus colonias y pueblos sean realizados.

“Lo único que queda es por un lado como ciudadanía luchar porque nuestros proyectos de Presupuesto Participativo sí se lleven a cabo y en los casos donde se tomen estas decisiones arbitrarias y discrecionales por parte de las personas titulares de las alcaldías tomar recursos legales porque al final de cuentas esta decisión sí es una imposición que está por encima de nuestros derechos.

“El Presupuesto Participativo es un derecho de la ciudadanía que está contenido en la Constitución de la Ciudad de México”, afirma Ríos.

Se buscó entrevista con el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador de Morena en el Congreso local, sin embargo al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

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