La ruta por andar
José Luis Gutiérrez, director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), asociación civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos de personas en reclusión, consideró que el sistema penitenciario de la Ciudad de México necesitaba un cambio fundamental como este.
Resaltó que la iniciativa deja claro desde un principio los ejes de acción de esta transferencia de facultades de una dependencia a otra para el control del sistema penitenciario.
Pero, destacó el activista, para que el cambio se realice a plenitud es importante la capacitación del personal de custodia, lo cual ha estado pendiente en los reclusorios.
“Es el segundo estado con mayor población privada de libertad que requiere prácticamente tener a personal de custodia ampliamente calificado y la universidad de la policía puede contribuir en la manera de lo posible a generar estas capacitaciones especializadas y específicas para la población penitenciaria”, explicó el especialista.
Dijo que uno de los temas donde las organizaciones de la sociedad civil pondrán la lupa es en la coordinación interinstitucional que contempla esta reforma. Apuntó que no solo basta con traspasar facultades, sino que se lleven a cabo planes que involucran a distintas dependencias en materia de salud, educación, justicia y derechos humanos.
“Creo que este anuncio es bastante bueno, ojalá puedan coordinar mesas interinstitucionales para que además puedan escuchar a la sociedad civil y puedan identificar los diagnósticos que tenemos y no solo los que dan las comisiones estatales (de derechos humanos)", expuso el director de ASILEGAL.
Por su parte, el diputado independiente Guillermo Lerdo de Tejada, vicepresidente de la comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, consideró correcta la reforma debido a que la seguridad dentro y fuera de los reclusorios están estrechamente ligados y una institución que también tiene relación con la fiscalía y con otros organismos de seguridad federales, puede dar buenos resultados.
No obstante, aclaró que el cambio de instituciones por sí solo no traerá beneficios, ya que se requiere un cambio profundo en políticas penitenciarias, reforzamientos de vigilancia, revisión a los casos de corrupción y actos criminales como llamadas de extorsión o secuestros virtuales que ocurren desde el interior de los penales.
“Se requiere fortalecer la políticas, se requiere presupuesto, una revisión amplia, espero que el secretario (Harfuch) lo haga, pues de los perfiles que están a cargo de la operación de los centros penitenciarios y que se tomen decisiones de largo plazo para la ciudad en esta materia”, expresó el legislador.
Confió en que esta nueva forma de administrar el sistema penitenciario, sea el paso para que las cárceles dejen de ser las universidades del crimen para personas que llegan por delitos menores y no necesariamente graves, salen con mayores herramientas para cometer faltas mayores.
