Pasaron tres horas de angustia; trataban de marcar a Locatel para pedir información, pero hubo una saturación de la línea, posteriormente se trasladó al lugar del accidente, pero por el acordonamiento de elementos policiacos le fue imposible obtener datos de su padre.
Por fin lograron establecer contacto con un operador de Locatel, quien le informó que su padre se encontraba en un hospital, donde falleció.
“En ese mismo momento nos trasladamos al hospital donde estaba, en condiciones... qué se puede decir; mi papá fue aplastado por toda la gente, fue diagnosticado con trauma múltiple”, cuenta el hijo de José Luis, quien ahora aparece en los listados de víctimas mortales.
Trámites y desinformación
La mala noticia fue dada a la familia, pero venía un procedimiento aún desconocido para Luis Adrián que era reclamar el cuerpo de su padre.
Relata que el cuerpo del señor José Luis lo trasladaron a una agencia del ministerio público en Iztapalapa, el problema fue que no le dijeron a cuál. Ahí comenzó su peregrinar, pues los restos fueron llevados a la coordinación territorial de iztapalapa 9 en Santa Martha Acatitla, pero los trámites los tuvieron que hacer en la agencia del MP de Cabeza de Juárez, a 5.5 kilómetros de distancia.
“Te traen para allá, te traen para acá, no tiene una logística como tal. Yo creo que si la jefa de Gobierno, desde la madrugada, dijo que iba a ser lo más rápido posible, yo creo que hubieran programado una logística mejor para poder hacer los trámites funerarios”, apuntó.
Calificó el procedimiento como engorroso al grado de no tener tiempo de llorarle a su padre lo que hubiera querido.
Como esa historia, hay otras 24 más de familiares que se reunieron en el ministerio público de Cabeza de Juárez en iztapalapa. En la explanada del edificio, esperaban bajo una carpa decenas de personas el momento en que fueran llamados por alguna autoridad, ya sea para reconocer el cuerpo o comentar el trámite para la salida del cuerpo.
Además de personal de atención a víctimas del gobierno de la Ciudad de México, había abogados que trataban de convencer a los familiares de las personas fallecidas por el accidente de la llamada Línea Dorada para que los dejaran tomar su caso.
“Es su derecho, el Metro debe pagar por esta negligencia; les sugiero que no acepten trato alguno con las autoridades hasta consultarlo con un abogado. Yo puedo ofrecerme”, decían algunos defensores legales.
Por otro lado, llegaron agencias funerarias a ofrecer sus servicios, el empleado de una de ellas, de nombre J.García López, desplegó una manta que decía: Atención y asesoría especial a las familias afectadas por el percance de la línea 12 del STC”.
Los agentes de ventas repartían tarjetas y agua; incluso, ofrecían paquetes con cremación gratis, su costo real era de 31 mil pesos, pero con la ayuda por la emergencia, el costo se reducía a 14 mil pesos. Esta estrategia también fue utilizada por varias agencias.
