El Registro Público de Personas Agresoras Sexuales de la Ciudad de México ha sido abierto y contiene información sobre 45 personas que han sido sentenciadas por crímenes como abuso sexual, violación y feminicidio.
“Todas las personas pueden entrar al sitio, es único en el país, y lo que busca es evidenciar y visibilizar a los agresores”, afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al presentar avances sobre la alerta de violencia contra las mujeres en la capital del país.
El portal muestra nombre, alias, edad, nacionalidad y delito cometido por cada una de estas personas y, en algunos casos, su fotografía; además, permite filtrar los resultados por rango de edad y tipo de crimen cometido.
Los datos son responsabilidad del Sistema Penitenciario capitalino. Ciertos datos personales de los agresores registrados serán visibles solo para la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX).
Los delitos por los que una persona con sentencia firme es incluida en el registro son:
Los agresores que serán registrados son aquellos que hayan recibido sentencia por alguno de estos delitos a partir del 25 de diciembre de 2019 en adelante; en esa fecha entró en vigor la ley para la creación de este banco, aprobada por el Congreso local.
A este registro se sumará un banco de ADN, el cual está en proceso de certificación por parte del International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) de la embajada de Estados Unidos y la Entidad Mexicana de Acreditación, AC.
De acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy, en alrededor de cuatro meses se podría comenzar la operación y toma de muestras para reunir información genética.
“Tener el perfil genético que es único y poder cruzarlo con presuntos (sospechosos), esto nos va a dar una prueba contundente cuando los perfiles genéticos lleguen, es una prueba científica yo diría irrefutable”, afirmó la funcionaria en conferencia de prensa.
“Estamos haciendo lo posible para que también sirva como un banco para familiares de personas no localizadas”, añadió.
Por el momento, se contempla incluir los perfiles genéticos de personas sentenciadas por delitos sexuales y secuestro, funcionarios de seguridad ciudadana y procuración de justicia, así como de la propia jefa de gobierno.
