Dentro de la nómina del Congreso de la Ciudad de México, nueve empleados cobraron al mismo tiempo en distintas dependencias, cuatro de ellas en alcaldías gobernadas por Morena, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM).
Uno de los asesores del Congreso local identificado como prestador de servicios número 020615 cobró 156,200 pesos al mes en la alcaldía Iztacalco, gobernada por Raúl Armando Quintero, de Morena.
Esto se repite con otros asesores, uno de ellos recibió al mismo tiempo en la alcaldía Magdalena Contreras -encabezada por Patricia Ortiz Couturier- un sueldo de 51,900 pesos mensuales; un segundo asesor del legislativo recibió a la par 39,700 pesos al mes por la alcaldía Iztapalapa, cuya titular es Clara Brugada.
En el caso de la alcaldía Gustavo A. Madero, otro asesor del legislativo tenía un nivel salarial 199 en la demarcación gobernada por Francisco Chíguil.
La Auditoría identificó también cinco empleados más del Congreso en las nóminas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Obras y Servicios, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Instituto Electoral local.
“Lo expuesto mostró que, en esos periodos, las nueve personas referidas en este numeral, prestaron sus servicios de manera simultánea en dos entes de la Ciudad de México, en horarios que son incompatibles.
“En 5 casos se determinaron remuneraciones por un importe neto por 315.7 miles de pesos y de los 4 casos restantes no fue posible identificar el importe remunerado debido a que los períodos en que laboraron de manera simultánea no corresponden con el mes sujeto a revisión”, indica la auditoría ASCM/129/19.
El Congreso tampoco pudo comprobar con evidencia los servicios prestados por personal de mandos medios y superiores, técnicos operativos de confianza y prestadores de servicios de honorarios, indica la Auditoría capitalina.
Al respecto, el Congreso a través de la Oficialía Mayor y la Dirección de Recursos Humanos argumentó que los empleados no están obligados a presentar evidencia de que realizan su trabajo y tampoco deben formalizar su presencia laboral: “se deja de manera discrecional a sus supervisores este control”.
“Las funciones, trabajos y actividades que desarrollan cada uno de los prestadores de servicios profesionales que se mencionan, son determinadas por sus jefes inmediatos (diputados), si están en alguna Comisión o Comité, y no se cuenta con una norma interna que establezca que deben de presentar en cierto período, evidencia documental del trabajo que desarrollan”, indicó la Oficialía Mayor el 3 de noviembre de 2020 en el oficio OM/IL/1558/2020.
