Hierbas, frascos de miel y especias ofrece Santiaga Saloma Meneses sobre una lona en la banqueta, quien ha regresado a la esquina de República del Salvador e Isabel La Católica en el Centro Histórico, luego de ser retirada por policías de la Ciudad de México.
“Ya me da miedo que me quite la policía pero yo aquí me siento y a ver qué pasa”, dice la mujer de 72 años.
Santiaga fue protagonista de varias notas periodísticas e incluso la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se refirió a lo ocurrido como la necesidad de sensibilizar y evitar abusos por parte de la policía capitalina.
Ahora la comerciante sigue con la misma incertidumbre de que en cualquier momento puede llevar una patrulla y despojarla de su mercancía una vez más.
“Apenas de nuevo me iban a levantar, me acuerdo que pasaron creo que el lunes. ‘Levántese señora’ me dice, le digo: 'no, fui con la jefa de Gobierno ayer y no me puede quitar'”, cuenta la comerciante.
Yo lloraba porque me gasté mi dinero para comprar, estoy trabajando para mi casa. Soy pobre, no tengo dinero y debo 10,000 pesos porque mi hijo está malo, es diabetico".
Como Santiaga, alrededor de 1.9 millones de personas en la Ciudad de México, según datos del INEGI, trabajan en la informalidad, aunque oficialmente sólo hay alrededor de 100,000 comerciantes registrados ante el Sistema de Comercio en Vía Pública (Siscovip), la herramienta que usan las alcaldías para integrar el padrón de este tipo de comerciantes en la capital.
Ante la pandemia de COVID-19, los vendedores que se instalan en las calles del Centro Histórico se han visto obligados a decidir entre resguardarse en casa para evitar el riesgo de contagio o salir a buscar sus ingresos, señala Tania Espinoza Sánchez, coordinadora en la CDMX de Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO por sus siglas en inglés), una red global de investigación y políticas dedicada a mejorar las condiciones para los trabajadores de la economía informal.
“Son personas que están viendo sumamente vulnerado su medio de sustento y eso pone en un enorme riesgo su sobrevivencia porque es su única fuente de ingresos. Al no tener estas ventas está en juego el que no tengan qué comer”, sostiene Espinoza, quien también es consejera de la Comisión de Derechos Humanos capitalina.
Así mismo, los comerciantes informales han enfrentado los esfuerzos del Gobierno capitalino para evitar la concentración de personas, limitando los puntos y días en que pueden instalarse y los operativos realizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para quitarlos.
“Eso es negarse a aceptar que la mitad de las personas que trabajan en esta ciudad trabajan en la informalidad, muchas de ellas en el comercio en vía pública.
“En una situación de crisis económica como la que estamos viviendo hoy consideramos que hay un deber moral de la autoridad para permitirles ejercer su trabajo. Sí con orden, sí con medidas sanitarias, pero que puedan salir a trabajar”, considera Espinoza.
(Sin legislación) quedan en un estado de desprotección en donde se da ese espacio para que la autoridad discrecionalmente pueda decidir cómo aplicarles las reglas".
Desde junio, las autoridades restringieron la instalación de puestos sólo dos días a la semana, pero ante casos como los de Santiaga, donde se ha criticado la actuación del gobierno captalino al retirar comerciantes en medio de una crisis económica, la Secretaría de Gobierno anunció el 4 de septiembre que podrían colocarse los vendedores de miércoles a sábado en 28 calles del Centro Histórico.
Al respecto, Diana Sánchez Barrios, líder de comerciantes en vía pública, indica que estas medidas no han sido suficientes y la situación de los vendedores continúa siendo difícil ante la emergencia sanitaria y el choque con las autoridades.
“Ha afectado mucho la economía el COVID-19 porque las ventas no son las mismas... La persecución policial sigue terriblemente contra ese sector, porque les siguen quitando la mercancía a la gente y les regresan la mitad o no les regresan nada”, critica la líder quien ha pasado a formar parte del PRI capitalino como secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil.
Sánchez Barrios sostiene que también se ha incumplido con la entrega de los créditos por 25,000 pesos ofrecidos con recursos federales a los vendedores a cambio de no instalarse.
“Las tarjetas de ayuda emergente para el comercio en vía pública son tarjetas que no tienen un peso, les entregaron la tarjeta y no tiene ayuda económica. Jugar con los sentimientos de esa manera de las personas que se dedican al comercio en vía pública es terrible porque lo único que ellos quieren es trabajar”, critica.
Tras el decomiso de sus hierbas y mercancías, Santiaga pudo volver a surtirse gracias a aportaciones de personas que se enteraron de su caso.
El puesto sobre la banqueta es la única fuente de ingresos de ella y su esposo, quien aún tiene moretones en los brazos provocados cuando intentó detener a los policías que se llevaron el carrito de supermercado en el que transportaban sus productos.
Con manos delgadas, lento caminar y piel curtida por el sol, Santiaga también es el apoyo de su hijo de 50 años quien vive con alcoholismo y diabetes, ha sufrido la amputación de dos dedos del pie y suele ayudar a su madre llevando mercancía al puesto.
“Lo que me dan no es mucho, con eso estoy comprando mi hierbita y ya no pido nada. Si alguno tiene voluntad que me ayude, si no no, yo tengo que trabajar.
“Aquí me quedo siquiera para mantenerme, de otra cosa no puedo trabajar”, afirma.
El sueño de Santiaga es poder ahorrar los recursos suficientes para poner el techo de una pequeña casa que posee en Puebla, mientras en la Ciudad de México paga 1,700 pesos al mes de renta por un cuarto donde vive con su marido.
“Como no está tapada la casita ahí me duermo afuera como perrito; mi esposo y yo nos tapamos con un hule en el patio y nos aguantamos el frío.
“Quisiera que me apoyen si quiera para tapar mi casita, no tengo casa. Yo le hecho ganas para tener ya mi casa e irme para allá”, cuenta la mujer.
Santiaga recibió una disculpa por parte de funcionarios del Gobierno capitalino, aunque su petición de que se le autorice vender en su esquina de siempre quedó sin respuesta por el propio bando presidencial de 1993 que prohíbe el comercio ambulante en el Centro Histórico.
De hecho este bando emitido hace 17 años es la principal directriz para la regulación del comercio informal en toda la ciudad, ante la falta de una legislación, pese a que de acuerdo a la Constitución de la Ciudad de México el Congreso capitalino debió emitir hace un año una Ley de Trabajadores No Asalariados.
Aunque se tenía un dictamen listo para esta ley desde marzo, los diputados capitalinos dieron marcha atrás en medio de las críticas de organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) CDMX que acusó que la ley impulsaba la informalidad en detrimento de la competitividad, la seguridad y el desarrollo urbano.
“Mientras no tengamos un marco jurídico y el reconocimiento a nuestro trabajo va a seguir la persecución sistemática, la discriminación, la criminatlización”, señala Sánchez Barrios, líder que presentó su propia iniciativa ciudadana en septiembre de 2019.
La coordinadora de WIEGO, Tania Espinoza, indica que la falta de legislación ha hecho aún más vulnerables a los comerciantes informales en medio de la crisis de salud y económica que ha provocado el COVID-19.
“Eso da espacio también a que sigan siendo sujeto de extorsiones por parte de la autoridad misma . Al mismo tiempo que les persiguen y les decomisan sus herramientas de trabajo, también les cobran una cuota para que puedan seguir trabajando.
“Cuando la autoridad habla de mafias, debe ver las propias mafias internas que existen dentro de sus instituciones con sus propios funcionarios de vía pública. Nadie sabe a dónde va ese dinero y todos sabemos que se cobra”, sostiene Espinoza.
