"Su labor (de los periodistas) es exclusiva de informar, no realizar investigaciones o diligencias para resolver una carpeta investigación (...) Su trabajo es el de investigar lo que hace la representación social en la carpeta e informarlo, siempre y cuando no afecte la investigación, y la información debe ser veraz", señala la iniciativa.
El legislador argumenta que con estos actos los periodistas pueden dañar deliberadamente a una persona. Por ello, propone que, al cometer el delito de "difamación", los comunicadores reciban una pena de dos a cinco años de prisión y una multa de 600 a 1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Rubio sostiene que la Unesco establece que la desinformación es creada deliberadamente para dañar a una persona, un grupo social, una organización o un Estado.
"El fin de esta reforma no es restringir a los ciudadanos ni periodistas de los derechos (a la libertad de expresión), sino de proteger los derechos de todos y no los de unos cuantos", argumenta.
El diputado defendió que en su iniciativa se reconoce el derecho a la información y las libertades de expresión e información como base de la democracia.