La iniciativa contempla liberar a personas condenadas que pertenezcan a grupos vulnerables, como indígenas, mujeres adultas mayores, migrantes repatriados —de padres mexicanos pero quienes crecieron en Estados Unidos, por ejemplo— y personas transgénero.
“En la Ciudad de México hay una gran cantidad de personas que por la discriminación estructural fueron llevadas a algún juicio sin que existieran pruebas en su contra, sin que tuvieran acceso a la justicia de manera real”, dice Villanueva.
En el ámbito nacional, después de que el tema se discutiera desde el arranque del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ambas cámaras del Congreso aprobaron una Ley de Amnistía de aplicación federal. El aval se dio en medio de la emergencia sanitaria y con la promesa de ayudar a despresurizar las cárceles, pero los plazos que contempla hacen imposible que las liberaciones se den con rapidez.
Además, otro de los puntos polémicos de la legislación es que la liberación de personas encarceladas por delitos contra la salud, como la venta de drogas, quedará limitada solo a quienes estén condenadas por portación de hasta el doble de la cantidad de sustancias tolerada por las normas vigentes.
“Desde mi punto de vista, la ley en la Ciudad de México no debería centrarse en las personas presas por venta de drogas, pero sí en las personas que han sido criminalizadas por el uso de las mismas”, argumenta Villanueva.
“No olvidemos que no deja de ser una adicción (...) Es en realidad un problema de salud pública que requiere el acompañamiento, y estas personas desde luego no estoy de acuerdo que estén encarceladas”, insiste el morenista.
