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#ColumnaInvitada | ¿Por qué es necesaria la Ley de Amnistía?

La Ley de Amnistía significa un paso necesario; al respecto Movimiento Ciudadano presentó iniciativas, pues no concebimos que la cárcel sea el instrumento más importante para lograr paz.
vie 24 abril 2020 02:32 PM
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Senado vota la Ley de Amnistía.

Este lunes 20 de abril, el Senado tuvo la primera sesión convocada en la emergencia sanitaria, para discutir la Ley de Amnistía, una propuesta remitida al Congreso por el Presidente de la República. El dictamen fue aprobado y abre la posibilidad para que muchas personas en reclusión puedan ser liberadas en los próximos meses.

El debate no estuvo exento de polarización, en que abundaron acusaciones, calificativos y reclamos sobre cuáles deberían ser las prioridades ante la situación excepcional que nos impone la pandemia.

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Cuando un grupo parlamentario se sitúa como contrapeso a la bancada mayoritaria de acuerdo con sus definiciones políticas, eso no debe impedir un voto coincidente con esa mayoría cuando está en juego la protección a los derechos.

Por ello, algunas legisladoras y legisladores del bloque de contención decidimos votar a favor.

Una de las paradojas más dramáticas del país se encuentra en la justicia. Por un lado, se ha diseñado un sistema de justicia moderno, garantista, resultado del diálogo y el consenso, que se apega a los estándares más altos de derechos humanos.

Pero por el otro, los centros penitenciarios hoy son espacios donde constantemente se vulneran los derechos, como ha verificado anualmente la CNDH. Los principales problemas: hacinamiento, autogobierno, insuficiencia de personal, maltratos y falta de condiciones dignas, desde higiene hasta opciones de formación, educación y trabajo.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos recordó que “Las condiciones de reclusión facilitan el contagio acelerado” del COVID-19, por lo que llamó a los Estados a que “procedan con rapidez a fin de reducir el número de personas en cárceles”.

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La Ley de Amnistía significa un paso necesario. Recordamos que Movimiento Ciudadano presentó varias iniciativas y proposiciones al respecto, pues no concebimos que la cárcel sea el instrumento más importante para lograr paz y seguridad.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las zonas de México con los índices de violencia más elevados son justamente aquellas con más altos índices de pobreza y desigualdad. En esto intervienen factores de exclusión social, pobreza, estigmatización, precariedad laboral y otras expresiones de discriminación.

Desde hace tiempo, persiste la guerra contra las drogas y la política punitiva desprovistas de perspectiva de derechos, con efectos trascendentes en el entorno familiar y comunitario, que no toma en cuenta las condiciones de involucramiento de las personas en los delitos.

Las mujeres, las personas en situación de pobreza extrema, con discapacidad e indígenas sufren de manera desproporcionada los impactos de la reclusión, tanto por la vulnerabilidad de la que provienen como porque dichas condiciones se recrudecen en las prisiones y también después de su liberación.

Una vía para cambiar esta situación es liberar a las personas que no deberían estar en prisión. A nivel federal y local se cuenta con tres mecanismos legales para que las personas en reclusión salgan: amnistía de ley, beneficios preliberacionales e indultos.

Por ello se debería adoptar cuanto antes una estrategia que incluya todos estos instrumentos, además de un impulso decidido a la política de reinserción, donde exista acompañamiento a las personas en sus comunidades y hogares, para que el rechazo y el olvido no las orille a reincidir.

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Un programa de reinserción social integral lograría despresurizar el sistema penitenciario y romper los círculos de violencia.

El planteamiento de que el camino hacia la paz no pasa por la cárcel es congruente con nuestro desarrollo jurídico. No es el castigo ni la venganza, sino la responsabilidad por los actos, lo que un Estado de derecho adjudica a quienes cometen delitos.

No es aumentando la exclusión, en una cárcel con condiciones indignas, como se combate la reincidencia delictiva y la reproducción de la violencia, sino con el reconocimiento del derecho al porvenir, es decir, que delinquir no sea una opción para quienes salen de prisión.

No podemos omitir mencionar que las recientes reformas para ampliar la prisión preventiva oficiosa van en sentido contrario a la evolución de nuestro sistema penal, y hay que insistir en que es necesario abandonar ese modelo obsoleto de detener primero e investigar después. De nada serviría liberar hoy a miles de personas vulnerables, que padecen injusticias, si mañana volvemos a llenar las prisiones de presuntos culpables y de quienes habitan en los círculos de reproducción de la violencia.

Podemos empezar a cambiar un sistema punitivo y que criminaliza la pobreza. Aprobar la Ley de Amnistía ante la emergencia sanitaria no es solo un acto de justicia, sino un acto humanitario. En medio de la emergencia sanitaria no podemos ignorar a la población privada de la libertad que permanece invisible, no podemos negar la realidad en la que viven casi 200 mil personas con condiciones indignas y mucho menos pensar que el aislamiento o la suspensión de visitas contendrá la epidemia; por el contrario, agudizará aún más las problemáticas existentes.

#QuéPasóCon... la Ley de Amnistía?

Sin embargo, esto es apenas un primer paso para construir una sociedad más justa y en paz. Sería necesario impulsar iniciativas a nivel local, donde se encuentran la mayor parte de los casos; utilizar los instrumentos de la Ley Nacional de Ejecución Penal para sustituir la prisión por otras medidas cautelares donde los casos lo ameriten, y establecer acciones emergentes de reinserción social para restablecer derechos como la atención médica inmediata, la entrega de documentos de identidad o albergues para aquellas personas que no cuentan con vivienda.

En estos momentos críticos, invertir en el presente de estas personas nos permitirá darles mañana el beneficio de un futuro promisorio para la vida en sociedad.

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Nota del editor: la autora es senadora de la República por Movimiento Ciudadano.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

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