De acuerdo con la propuesta, las personas dedicadas al trabajo sexual podrían inscribirse ante la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para obtener una credencial que las acredite como trabajadoras no asalariadas, manteniendo su información como confidencial y sin que esto sea obligatorio.
Con ello, podrían acceder a guarderías, seguridad social y pensión por enfermedad o años de trabajo.
La iniciativa incluye también la definición de zonas permitidas para el trabajo sexual, que serían determinadas por la Secretaría del Trabajo, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendría la obligación de vigilar esos puntos.
Estas observaciones fueron elaboradas a partir de foros realizados con acompañamiento de organizaciones civiles y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación local (Copred), haciendo cambios a una propuesta previa.
“En algunas de las propuestas se hablaba de la credencialización o del registro de las personas que trabajan en el espacio público, y esto les preocupaba mucho a las trabajadoras sexuales porque podría haber un registro con sus nombres e identidades; eso sería muy peligroso para nuestra seguridad y para nuestro derecho a la privacidad”, explicó Geraldina González de la Vega, presidenta del Copred.