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¿Por qué la Corte invalidó el Sistema Anticorrupción de la CDMX?

En 2017, la Asamblea Legislativa aprobó normas que fueron impugnadas por Morena. La Corte resolvió que el proceso legislativo tuvo deficiencias y echó para abajo la legislación.
vie 24 enero 2020 01:25 PM
Congreso de la CDMX
El Congreso capitalino debe ahora analizar la situación y aprobar nuevas leyes en la materia.

La Ciudad de México se convirtió la semana pasada en la única entidad del país que no cuenta con una legislación propia para el combate a la corrupción, tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Este marco jurídico fue creado en 2017 durante el último año de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la capital, ante la oposición no solo de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal —actual Congreso local—, sino también de organizaciones civiles como Ruta Cívica y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

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Con la sentencia de los ministros, quedaron anulados los ordenamientos en cuestión y también los nombramientos del Comité Coordinador Anticorrupción instalado por la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, apenas el 24 de octubre de 2019.

Además, quedaron sin validez los nombramientos de los contralores internos de la Comisión de Derechos Humanos, del InfoDF y del Instituto Electoral local.

Lee: La Corte invalida el Sistema Anticorrupción de la CDMX

¿Por qué el caso llegó a la Corte?

Diputados de Morena de la Asamblea Legislativa acusaron a Mancera, hoy líder del PRD en el Senado, de buscar imponer a un “fiscal carnal” antes de separarse del cargo para buscar ser candidato a la presidencia.

Tras la aprobación de las leyes, 23 diputados interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN el 13 de septiembre de 2017.

“Estamos en una posible puesta en marcha de nombramientos a modo, de cuotas con los cuates que han estado manejando el PRD y el PAN”, dijo entonces Aleida Alavez, quien fue diputada local por Morena.

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“Eso lo tenemos que detener antes de que creen un Sistema Anticorrupción que no sirva más que para proteger a los funcionarios que ya van de salida de esta administración en turno”, advirtió la legisladora en ese momento.

¿Cuáles fueron los argumentos de Morena?

La Ley del Sistema Anticorrupción aprobada en 2017 daba a Mancera la posibilidad de controlar los nombramientos del fiscal anticorrupción y del secretario técnico, dos figuras claves dentro de la nueva instancia.

Según la norma, serían designados entre una terna propuesta por el jefe de gobierno y aprobados por mayoría simple de los diputados presentes (la mitad más uno). Entre los legisladores del PRD y del PAN, entonces mayoría en la Asamblea Legislativa, sumaban los votos necesarios.

Entre los candidatos para integrarse al Sistema Anticorrupción se perfilaba el nombre de Perla Gómez, expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, cuya gestión fue criticada por organizaciones sociales. También estaban Salvador Frausto, exdirector jurídico de Coyoacán con Mauricio Toledo como delegado; Rosa María Bucio, secretaria particular de Mancera cuando fue procurador, y René Muñoz Vázquez, presidente de la Fundación Colosio.

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Las normas también establecían que el fiscal anticorrupción estaría en su cargo por siete años, con la posibilidad de ser reelegido por un periodo igual; esto daría un total de 14 años, lo que viola la Constitución de la Ciudad de México.

¿Cuáles fueron las conclusiones de la Corte?

En su análisis, la Corte concluyó que el Congreso de la CDMX no respetó los derechos de las minorías parlamentarias, porque no se convocó debidamente a la sesión en la que se votaron los dictámenes y se dispensó la distribución de estos documentos sin que hubiera justificación para ello.

A esto se suma que el decreto se publicó con un artículo sexto transitorio distinto al aprobado en el Legislativo.

“A juicio de la SCJN, estas deficiencias son de tal envergadura que llevan a la inconstitucionalidad total de las leyes impugnadas al no ser fruto de un genuino debate democrático al interior del seno legislativo”, señaló el máximo tribunal en un comunicado.

Ahora, en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero, en el Congreso capitalino —ahora con mayoría de Morena—, los diputados tendrán que elaborar y aprobar una nueva ley.

“Derivado del trabajo legislativo del Congreso de la ciudad, primera Legislatura, reformamos y adecuamos la ley. Sin embargo el vicio en el procedimiento fue de origen, por lo que prevaleció”, señaló tras la sentencia el diputado Carlos Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.

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