Ciudadanos dan observaciones a Ley de Planeación; piden instituto independiente

“Si va a ser por dedazo, por nombramiento, porque la Jefatura de Gobierno escoja o mande ternas (...) mejor que se abran las convocatorias y que lleguen los mejores perfiles”, agregó.

Una de las restricciones que los peticionarios solicitan es que el titular del instituto no haya militado en un partido ni ocupado un puesto como funcionario del gobierno capitalino o federal en los últimos cuatro años.

De incluirse esta limitación, se cerraría la puerta a Pablo Benlliure, director de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), quien se perfila como el principal candidato al cargo.

Federico Döring, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Planeación del Congreso, advirtió que, si no se define desde el inicio en la ley cómo se elegirá al director del instituto y al resto de las personas que lo integrarán, se abre el riesgo de que haya un nombramiento discrecional y de privilegiar intereses de desarrolladores inmobiliarios por encima de los ciudadanos.

“Hay que ponerle candados para evitar que el instituto y los nombramientos que le acompañen sean rehenes de una nomenklatura debida al cártel inmobiliario”, dijo.

“Lo que se deje de hacer en esta etapa procesal en la Ley de Planeación, y se lleve hasta la Ley de Ordenamiento Territorial o hasta la Ley Orgánica, puede ser un vacío legislativo irreparable porque el gobierno puede hacer sus nombramientos”.

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Estas nuevas observaciones retrasarán la votación de la ley, que busca crear un instituto que coordine la planeación del crecimiento urbano con un horizonte a 20 años, considerando no solo usos de suelo, sino también otros factores como cuánta agua hay disponible o en qué zonas hay grietas.

El diputado panista Mauricio Tabe, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), negó que esto detenga la aprobación de otras de las nueve leyes de la Constitución capitalina que los legisladores se proponen sacar en noviembre.

“Estamos conscientes de que, si no hay presión, todo se queda hasta el final. Estoy casi seguro de que en algunos procesos donde ya se rebasaron los términos sí se va a cumplir la dictaminación y no se va a llevar hasta el final”, afirmó.

A esto se suma que los diputados deben definir el reparto del presupuesto para 2020 para las 16 alcaldías, así como para las secretarías, los órganos autónomos y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Para ello, tienen como límite el próximo 20 de diciembre.

Entre los firmantes de las observaciones a la Ley de Planeación local se encuentran las organizaciones civiles Ruta Cívica, ControlaTuGobierno, El Poder del Consumidor, Bicitekas, CoRe, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México.