Alcaldías en la balanza: tras un año, las demarcaciones encaran sus límites

Sin embargo, para Layda Sansores, alcaldesa de Álvaro Obregón, la actual legislación hace que los alcaldes —quienes el 1 de octubre cumplieron un año en funciones— dependan de la “buena voluntad” de quien esté en la Jefatura de Gobierno.

“Creo que hay muchos vacíos en la ley. Los cambios que se han dado han sido por la sensibilidad e inteligencia de la jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum). En todas las facultades que puede darnos, sin violentar la ley, ella busca incluirnos”, dice en entrevista.

“La autonomía apenas se balbucea, podríamos haber sido delegados y no habría mucha diferencia”, agrega.

Sansores en concreto señala que carece de poder suficiente en temas prioritarios para la demarcación, como seguridad pública, presupuesto y movilidad.

Un ejemplo de esto ocurrió cuando retiró jardineras, sitios de taxis y anuncios que dificultaban el paso de peatones en la Plaza Exhibimex, lo que derivó en un conflicto con la Secretaría de Movilidad (Semovi).

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En seguridad, la alcaldesa advierte de la falta de facultades legales para tener mando sobre el personal de la policía, adquirir patrullas o dirigirlas a las zonas más problemáticas.

“Sin lastimar el mando único, ¿a qué tengo derecho? Yo no puedo comprar una patrulla, una cámara, a menos de que se haga un convenio donde lo estemos cediendo como en comodato”, señala la militante de Morena.

“La palabra fundamental es autonomía: darle a las alcaldías autonomía para dar seguridad, en presupuesto...”, afirma la también exsenadora.

El alcalde de Néstor Núñez, de Cuauhtémoc, coincide en que la jefa de gobierno ha permitido una mayor participación de los alcaldes y una coordinación más directa a través de los gabinetes de seguridad, aunque también alerta de que, al mantenerse la seguridad como una atribución que no es directa de las alcaldías, sus titulares pueden involucrarse o ignorar el asunto.

“La Constitución no nos da facultades de policía; en materia de seguridad, solo de prevención, que diría es lo más importante (…) Mi opinión como abogado, no como alcalde, es que sin duda deberíamos tener una participación más contundente. Somos la primera autoridad de contacto con los vecinos”, dice Núñez.

“Desde el punto de vista jurídico, no existe (atribución); en los hechos, sí existe. La jefa de gobierno nos entrega a los alcaldes la coordinación de los gabinetes de seguridad de cada una de las 16 alcaldías”, explica el morenista.

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Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, también tiene como principal preocupación la seguridad.

Por ello, ha duplicado el número de policías contratados para su demarcación, con lo que ha llegado a 360 elementos. Sin embargo, durante los primeros meses de su administración, estos oficiales solo existieron en el papel, pues había un déficit de uniformados que tuvo que discutirse con el entonces secretario de Seguridad, Jesús Orta.

“Nadie conoce mejor las demarcaciones, nadie conoce mejor las condiciones de seguridad de la alcaldía que el propio alcalde, que vive el día y se entrevista todos los días con los ciudadanos”, dice el priista.

Los concejales aún buscan su espacio

La reforma política de la Ciudad de México también estableció que, en el paso de delegaciones a alcaldías, se crearía la figura del concejal, como un funcionario que puede ser de un partido distinto al del alcalde y que debe intentar ser un contrapeso en la toma de decisiones.

Sergio Valdés, concejal en Álvaro Obregón por el PAN, dice que en su caso ha logrado trabajar de forma equitativa en esta demarcación, pese a ser minoría y a que la alcaldesa es militante de Morena.

Hasta ahora, el mayor problema que enfrenta es la falta de recursos tanto humanos como materiales, pues, además de vigilar el ejercicio de los recursos y de revisar el proyecto de presupuesto, debe atender las peticiones de vecinos.

“No hay muchas herramientas tanto en recursos humanos como en recursos materiales, creo que sí se nos tiene que dotar de un mínimo para poder operar tanto los temas del concejo como de atención ciudadana”, dice.

“Hacer un análisis del presupuesto de una alcaldía en solo 72 horas es imposible”.

Valdés señala otro problema: la dificultad de dar seguimiento al impacto que tengan los puntos de acuerdo aprobados en las sesiones de concejo, pues suelen referirse a funciones que no corresponden a la propia alcaldía.

“Nos exigen mucho a todos los que trabajamos en la alcaldía, pero muchas de nuestras facultades son coordinadas o subordinadas al gobierno central, como ejemplo, la seguridad pública y la movilidad”, dice el concejal.

“Creo que eso está mal porque quién mejor que el alcalde para saber de dónde adolece en seguridad la demarcación o qué necesitamos para mejorar la movilidad”, comenta.

La experiencia de Ana Villagrán, concejal del PAN en Cuauhtémoc, es diferente. Afirma que el alcalde Núñez, militante de Morena, busca incluir en las decisiones a los 10 concejales —sin importar su partido político—, pero advierte de que estos carecen de la información suficiente para hacer su trabajo.

“Para una supervisión con mayor detalle del presupuesto, se requeriría que las direcciones generales estén mandándonos informes, tener un mayor acceso a la información”, dice.

“El tema es que la mayoría que votó el reglamento del concejo impide que de manera independiente como concejal pidas información directo a las áreas, lo tiene que aprobar el pleno del concejo”, explica Villagrán.

Nuevas estructuras, ¿mejor atención?

Vecinos como Lorena Núñez, del Comité Ciudadano Roma Norte I, han resentido el cambio de estructura en las alcaldías, donde se desaparecieron algunas direcciones para fortalecer otras.

“Con las delegaciones, algunos casos funcionaban mejor; por ejemplo, hacías un reporte directo a Servicios Urbanos y lo atendían. Antes solo había una Dirección de Jurídico y Gobierno, ahora hay una de Jurídico y una apartada de Gobierno”, dice.

“Esta Dirección de Gobierno lleva tanto vía pública como protección civil y todo lo que es el área de verificaciones. Entonces, son juez y parte porque dan los permisos y además verifican. Es algo complejo que la misma persona que te dio el permiso te verifique; entonces, no funciona”, señala.

Al mismo tiempo, no se conoce lo suficiente sobre los mecanismos de participación ciudadana en las alcaldías y las pocas audiencias públicas se realizan en lunes por la mañana, cuando la mayoría de los vecinos interesados en el quehacer de la demarcación está en el trabajo o en la escuela.

En este marco, cuando las alcaldías capitalinas recién cumplieron su primer año de vida, entre los ciudadanos que han seguido lo que han hecho en este periodo es común el sentir de que la Constitución y la Ley de Alcaldías limitaron las posibilidades de estas instancias y, con ello, dejaron en duda su capacidad para mejorar la vida de sus habitantes.