El balance sin expediente
El martes 13 de octubre, desde Palacio Nacional, el Gabinete de Seguridad presentó su balance de dos años. Las cifras llegaron redondas, pulidas, listas para el titular.
Lo que no llegó fue el expediente: quién está preso, por qué, desde cuándo y con qué pruebas. México no sufre falta de números; sufre falta de explicaciones.
Y un gobierno que presume cantidades sin explicar procesos no combate la inseguridad: la narra.
70,571: esos son los detenidos entre octubre de 2024 y septiembre de 2026.
Pero son capturas acumuladas, no personas que sigan presas, y hoy las cárceles ya albergan unas 270,000, entre 14 y 15% más que al inicio de este gobierno.
No se precisó en qué situación legal está cada uno: ¿vinculados a proceso, sentenciados, liberados por mala integración del caso?
Lo que sí sabemos a nivel nacional es alarmante: cerca de 43 de cada cien presos siguen sin sentencia, y el INEGI documentó que la mitad de ellos está encerrada por prisión preventiva oficiosa.
Eso no es justicia: es encierro automático, sin que un juez evalúe cada caso. México ya fue condenado por la Corte Interamericana por esta práctica y, lejos de corregirla, amplió la lista de delitos.
Detener es el primer paso del proceso, no el último. Un sistema que dice presumir inocencia, pero encierra primero e investiga después, traiciona su propio diseño.
El Gabinete presume una caída de 52% en los homicidios dolosos: de 87 a 42 asesinatos diarios. Ojalá fuera cierta en toda su dimensión.
Pero la cifra solo cuenta los crímenes que las fiscalías deciden registrar, y desde enero de 2026 lo hacen con un nuevo sistema, el RNID, que cambió las reglas del conteo justo cuando el gobierno necesitaba buenos números.
Hay delitos que simplemente desaparecen de la estadística: el desaparecido que nunca se denunció, el cuerpo en una fosa que nadie reporta, el crimen que se reclasifica.
Si quien cuenta depende del gobernador que quiere presumir resultados, la estadística deja de ser ciencia y se vuelve propaganda.
Falta lo elemental: auditoría externa, cruce con los datos del INEGI, registros forenses y de personas desaparecidas. Sin eso, la baja no es un resultado: es una afirmación con micrófono.
El informe presume 36,303 armas aseguradas, 569.9 toneladas de droga y 2,792 laboratorios clandestinos y áreas de concentración. Un inventario no es una investigación.
¿Cada arma tiene su carpeta, sus acusados y el rastreo de dónde salió?
Sabemos que apenas 22 fiscalías estatales y la FGR tenían acceso al sistema estadounidense que rastrea el origen de las armas; las demás dependen de que alguien más capture los números de serie.
Y Estados Unidos mismo atribuye a su territorio cerca de dos de cada tres armas rastreadas. Entonces, ¿cuántas denuncias formales ha presentado México ante autoridades norteamericanas?
No he encontrado una sola cifra pública. Con la droga pasa igual: exhibir operadores es fácil; congelar cuentas, desmontar empresas fachada y sentenciar a los lavadores es lo difícil, y el balance no dice nada de eso.
Y si el sexenio anterior sostenía que no había laboratorios, ¿cómo aparecen de pronto 2,792? O antes no se buscaban, o ahora se cuentan distinto; ambas respuestas son graves.
El informe habla de 2,170 presuntos extorsionadores detenidos.
Pero este delito vive donde la estadística no llega: la cifra negra ronda 97%, es decir, de cada cien extorsiones, solo tres se denuncian, y el gobierno no dice cuántas denuncias llegan a un juez o a una sentencia.
Las líneas telefónicas 089 y 088 sumaron más de 260,000 llamadas al 30 de junio, pero apenas 11.6% fueron extorsiones consumadas.
Traducido: la gente llama, pregunta, se asusta y casi nunca denuncia ante un fiscal.
Denunciar exige trasladarse, esperar, ratificar y exponerse en una fiscalía donde todos se conocen, hay fugas de información y pueden ser extorsionados desde el ámbito gubernamental.
Una estrategia seria permitiría denunciar por videollamada o en la ventanilla de la fiscalía, con identidad protegida, acompañamiento y seguimiento por folio y con resultados tangibles y reales.
Eso cuesta menos que un penal y rinde más que una conferencia.
Seis penales nuevos, dijo la Presidenta, están en planeación, sin sedes, plazos ni presupuesto.
Es la respuesta de siempre: más cemento donde falta inteligencia. La sobrepoblación nacional supera los 38,000 internos y veinte estados la padecen.
Pero el problema no es de espacio: es de flujo.
La prisión preventiva automática, los delitos comunes que se castigan con cárcel, las fiscalías que llevan casos mal armados y jueces recién electos en plena curva de aprendizaje producen presos más rápido de lo que cualquier obra puede alojar.
Construir sin cerrar la llave es trapear con la fuga abierta.
Propongo tres cosas: revisión masiva y calendarizada de las medidas cautelares, salidas alternas con control, y que no se licite ninguna plaza nueva sin diagnóstico público de quién entra y por qué.
Nada de esto niega el esfuerzo ni que la violencia letal pueda estar cediendo.
Niego que un balance sin trazabilidad sea verdadera rendición de cuentas.
Propongo siete cosas concretas.
-Primero, un tablero público con la situación legal de cada grupo de detenidos: vinculados, sentenciados, liberados.
-Segundo, auditoría externa del registro de homicidios, contrastado con INEGI, forenses y desaparecidos.
-Tercero, rastreo y denuncia formal por cada arma asegurada, publicados por estado.
-Cuarto, una unidad financiera dependiente de SSPC y no de SHCP con metas medibles: cuentas congeladas, empresas intervenidas, lavadores sentenciados, no sólo capos exhibidos.
-Quinto, denunciar la extorsión en la fiscalía local, con protección real y verificable.
-Sexto, presupuesto digno, verificable y auditable para fiscalías y policías municipales, el eslabón más olvidado.
-Séptimo, que el Congreso, tan dispuesto a legislar penas, legisle también la obligación de medir con datos abiertos y sancionar a quien maquille cifras.
Las cifras sirven cuando permiten preguntar. Hoy sirven para callar. México merece estadísticas que incomoden a quien las presenta.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
