El Supersecretario sin tropa propia

Conviene decirlo con esa precisión, porque la tentación de nombrar al responsable antes de que la autoridad lo confirme es exactamente el tipo de exceso retórico que le resta autoridad moral a la crítica que sigue.

No es un hecho aislado.

En septiembre de 2025, dos agentes de investigación de la misma corporación fueron privados de la libertad mientras circulaban cerca del Aeropuerto Internacional de Morelia, en Álvaro Obregón, Michoacán.

Aquella vez el desenlace fue distinto —doce horas después fueron rescatados con vida, golpeados pero fuera de peligro, en un operativo donde participaron el Ejército, la Guardia Nacional y las autoridades estatales—.

Pero el patrón subyacente es el mismo que hoy cobra dos vidas en Veracruz: agentes de investigación operando en territorio de control criminal disputado, sin escolta dedicada, sin capacidad de repliegue autónomo, y dependiendo por completo de que alguien más —el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional— llegue a tiempo cuando algo sale mal. En Morelia llegaron a tiempo.

En Omealca, no.

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Un secretario sin corporación propia

Aquí está el dato que la coyuntura obliga a decir sin eufemismos: la SSPC mexicana es, hoy, una secretaría de seguridad que no tiene bajo su mando directo un cuerpo de fuerza operativa propio, armado y desplegable con autonomía.

Desde el 30 de septiembre de 2024, mediante reforma constitucional al artículo 21, la Guardia Nacional —que nació en 2019 adscrita administrativamente a la SSPC— fue transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional. México se quedó, por primera vez en su historia reciente, sin una corporación policial civil con presencia y mando nacional.

Todo despliegue de fuerza que hoy respalda a un agente de investigación en el terreno depende de la buena coordinación interinstitucional con Sedena, Semar y la propia Guardia Nacional ya castrense.

Eso no es una hipótesis mía: es la arquitectura legal vigente, y explica por qué cada comunicado de Harfuch tras un incidente agradece, casi como fórmula ritual, "el apoyo inmediato" de las Fuerzas Armadas.

Un secretario que agradece apoyo no es un secretario que manda una fuerza propia.

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Una policía civil construida sin ley

El segundo problema es más incómodo que el primero, porque no es de diseño institucional sino de fundamento jurídico.

Como respuesta a esa misma reforma del artículo 21 –que faculta a la SSPC para investigar delitos en colaboración con el Ministerio Público–, la dependencia ha impulsado a los llamados Agentes de Investigación e Inteligencia: un cuerpo que, hay que reconocerlo, sí se forma bajo esquema civil-profesional, con perfil de licenciatura obligatorio, en la Academia Nacional de Seguridad Pública, no en instalaciones castrenses.

Hasta ahí, la intención institucional apunta en la dirección correcta.

El problema es que esta corporación, a la fecha, no existe en ninguna ley vigente ni tiene una sola plaza contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, donde la SSPC solo cuenta con mil 857 plazas de carácter administrativo.

Los cientos de agentes que hoy salen a campo —los mismos que murieron en Omealca y los que fueron secuestrados en Morelia— operan bajo un Reglamento de Servicio Profesional de Carrera emitido por acuerdo interno de la propia Secretaría, no por una ley aprobada por el Congreso.

Eso significa que su estabilidad laboral, su cadena de mando, sus prestaciones y hasta su existencia institucional dependen enteramente de la voluntad política del secretario en turno y no de un marco jurídico que sobreviva a los cambios de administración.

Se está construyendo una policía de investigación federal sobre una base regulatoria más frágil que la de cualquier corporación estatal certificada.

Eso no es un cuerpo civil-profesional consolidado: es un experimento administrativo con personas reales muriendo en el terreno mientras se resuelve su estatus.

El mando que falta

La combinación de ambos factores —cero fuerza armada propia bajo mando directo del secretario, y un cuerpo de investigación sin ley que lo sostenga— produce el resultado que ya vimos dos veces en un año: agentes expuestos, sin escolta táctica dedicada, sin protocolos de extracción propios, dependiendo de que la coordinación interinstitucional funcione en tiempo real.

La valentía individual de esos agentes —y la de García Harfuch al reconocerla públicamente— no sustituye lo que hace falta: autonomía operativa real, jurídica y presupuestal para la función de investigación federal.

Qué se puede hacer, en concreto

1. Primero, dar rango de ley al Servicio Profesional de Carrera de los Agentes de Investigación e Inteligencia, con presupuesto etiquetado en el PEF y no solo acuerdo administrativo revocable.
2. Segundo, dotar a las unidades de investigación de campo de esquemas de escolta táctica propia y protocolos de extracción previamente coordinados con las fuerzas de apoyo, no improvisados incidente por incidente.
3. Tercero, evaluar —con la Suprema Corte y el Congreso como árbitros, no como espectadores— si la centralización total del mando armado en Sedena es compatible con que la SSPC siga asumiendo la responsabilidad política de resultados que ya no controla operativamente.

No se trata de rearmar a la SSPC con otro cuerpo militarizado más: se trata de que la función civil de investigación tenga, por fin, el piso legal e institucional que su gente ya está pagando con la vida en el terreno._____

*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.