Bombas sí, terrorismo no: el arte de la etiqueta

Un día antes, el 29 de agosto, otro artefacto había herido a una policía estatal y a una maestra en la carretera Villa García–Asientos. Zacatecas no vive un incidente: vive una secuencia.

La memoria corta de Coahuayana

Nueve meses antes, el 6 de diciembre de 2025, una camioneta explotó frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. Murieron entre cinco y seis personas; doce resultaron heridas.

El gobierno federal descartó la palabra "terrorismo" y lo explicó como confrontación entre CJNG, el Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos por control territorial, narcomenudeo, extorsión y minería ilegal.

La explicación es jurídicamente defendible.

Pero políticamente resulta insuficiente: un país que normaliza cinco muertos en un ataque con vehículo-artefacto como "disputa territorial" está, sin decirlo, aceptando que ese nivel de violencia ya es tolerable.

Ésa es la advertencia que Bunker y Sullivan hicieron desde 2013 sobre Ciudad Juárez: el primer coche bomba no se discute jurídicamente, se ignora políticamente, y ese error se paga después.

La curva que el Estado no quiso leer: uno, seis, diez

Hay un dato que debería estar en la portada de cualquier informe de seguridad nacional y no en una nota de ocho párrafos: Zacatecas pasó de un incidente con explosivos en 2024, a seis en 2025, a diez en lo que va de 2026, según su propio titular de seguridad.

No es una tendencia.

Es una curva de aprendizaje. Bunker y Sullivan llamaban a esto Indications & Warnings: la evidencia de que una organización criminal no improvisa un atentado, lo ensaya, lo perfecciona y lo repite.

Cuando la frecuencia se multiplica por diez en dos años, la pregunta relevante no es si habrá un próximo ataque, sino qué tan grande será.

Michoacán: el arsenal que ya normalizamos

Mientras Zacatecas apenas empieza a contar, Michoacán ya tiene cifra consolidada: 1,645 artefactos explosivos asegurados en 2025, de los cuales 1,117 fueron desactivados por un agrupamiento especializado creado exactamente para ese propósito.

Que el estado haya necesitado crear una unidad antibombas dedicada dice más que cualquier discurso oficial sobre la magnitud del problema.

Y hay una lectura incómoda que nadie ha querido asumir en voz alta: esa cifra puede leerse como éxito operativo —capacidad neutralizada— o como diagnóstico alarmante —capacidad instalada—.

Ambas lecturas son ciertas al mismo tiempo, y el gobierno estatal solo repite la primera.

El debate semántico como cortina de humo

Cada vez que ocurre uno de estos ataques, la discusión pública se atasca en la misma pregunta: ¿es esto terrorismo?

Es una pregunta jurídicamente legítima y estratégicamente estéril. Mientras funcionarios y columnistas debaten la etiqueta, las organizaciones criminales siguen acumulando capacidad, intención, logística e inteligencia territorial: los cinco elementos que, combinados, distinguen a un grupo armado avanzado de la delincuencia convencional.

No hace falta resolver el debate semántico para reconocer lo evidente: hay actores no estatales en México construyendo, ensayando y desplegando artefactos explosivos contra instalaciones de seguridad pública con una frecuencia creciente.

Eso ya es, por sí mismo, una amenaza a la gobernabilidad, tenga o no la etiqueta penal de terrorismo.

Lo que el Estado mexicano sigue sin construir

La crítica no puede quedarse en el diagnóstico.

México necesita —y no tiene— un sistema nacional de indicadores de escalamiento que cruce armamento, táctica, objetivos, territorio y organización, y que convierta los decomisos de explosivos en inteligencia prospectiva, no en boletines de logros mensuales.

Necesita que las secretarías estatales de seguridad reporten estos incidentes con la misma disciplina estadística con la que reportan homicidios dolosos, porque hoy varios estados registran oficialmente cero incidentes con explosivos pese a que la prensa documenta lo contrario.

Y necesita, sobre todo, dejar de medir el éxito de esta violencia por su letalidad inmediata: paralizar una comandancia, suspender clases, obligar a desplegar al Ejército, ya son victorias tácticas para quien coloca el artefacto, haya o no muertos.

Ojocaliente no fue un exceso aislado.

Fue el décimo capítulo de una historia que Zacatecas empezó a escribir en 2024 y que Michoacán lleva documentando desde antes.

La pregunta que debería ocupar al gabinete de seguridad no es si hubo víctimas mortales esta vez, sino cuántos capítulos más tolerará el país antes de tratar esto como lo que ya es: una amenaza que aprende.

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*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.