Confundimos inteligencia con espionaje desde hace décadas.
Lo que nadie explica: qué es la inteligencia y para qué sirve
Hay una confusión profunda, cómoda y peligrosa en México: creer que inteligencia es sinónimo de espionaje, de policía secreta o de ficheros sobre adversarios políticos. Esa confusión nos ha costado caro.
La inteligencia, en su sentido estratégico moderno, no persigue delincuentes ni vigila opositores.
Produce conocimiento anticipado para que el Estado tome decisiones antes de que las crisis ocurran. Es, en su definición más precisa, la capacidad institucional de anticipar riesgos que amenazan la estabilidad y la gobernabilidad del Estado.
No es reacción: es previsión.
México ha contado con estructuras de inteligencia desde la DFS hasta el CISEN y, hoy, el CNI.
Lo que no ha tenido —o ha tenido de manera intermitente— es una política nacional de inteligencia que articule esas capacidades de forma estratégica, democrática y sostenida. Tener espías no es lo mismo que tener inteligencia.
El error más frecuente es pensar que la inteligencia sólo sirve para combatir al crimen organizado.
Los servicios modernos trabajan con una agenda de riesgos mucho más amplia: estabilidad política, gobernabilidad institucional, amenazas externas, conflictos sociales, movimientos armados, riesgos financieros, tensiones migratorias y, hoy, amenazas tecnológicas como el uso de criptomonedas y plataformas digitales por parte de organizaciones criminales que ya operan como corporaciones multinacionales.
Una sociedad que no produce inteligencia estratégica navega a ciegas.
Las decisiones de política pública, de gasto en seguridad, de despliegue de fuerzas, de negociación política —todas ellas– mejoran cuando están respaldadas por análisis riguroso, verificado y oportuno.
La inteligencia no reemplaza la decisión política, pero la hace más informada y, por tanto, menos arbitraria y menos costosa en vidas humanas.
Existe un principio básico en la doctrina de inteligencia que distingue el fallo de inteligencia del fallo de política.
Son cosas distintas.
México vivió ambos en 1994: el levantamiento del EZLN y el asesinato de Luis Donaldo Colosio marcaron el momento en que el CISEN —según algunos de quienes participaron en él— tuvo información disponible, pero no siempre hubo voluntad política para actuar sobre ella.
El análisis existía; la decisión no llegó a tiempo.
Esa brecha entre lo que la inteligencia produce y lo que los tomadores de decisión están dispuestos a escuchar sigue siendo el problema central en México.
No basta con tener analistas competentes y bases de datos robustas. Se requiere una cultura gubernamental que valore el análisis, que tolere malas noticias anticipadas y que esté dispuesta a actuar sobre probabilidades, no sólo sobre certezas.
Esa cultura es todavía escasa.
Aquí reside quizás la omisión más grave del sistema mexicano.
La inteligencia estratégica ha vivido históricamente en los pisos superiores del Estado: federal, en algunos casos estatal.
Pero el municipio —donde el ciudadano vive, donde el delito ocurre, donde la violencia se instala en la cotidianidad— opera casi exclusivamente en modo reactivo. Llega después del crimen, no antes.
Las razones son conocidas: limitaciones presupuestales, ausencia de formación especializada, rotación política de mandos, captura institucional en contextos de alta presencia criminal.
Pero el resultado es siempre el mismo: el nivel de gobierno más cercano al ciudadano es también el más ciego. No produce inteligencia local porque no tiene capacidad, no tiene cultura y, en muchos casos, no tiene independencia para hacerlo. El municipio reacciona porque nunca aprendió a anticipar.
¿Ha fracasado la inteligencia en México?
La respuesta honesta es matizada.
Las capacidades técnicas han existido y han evolucionado. El CISEN desarrolló redes de recolección, sistemas de análisis y productos de inteligencia que en algunos momentos fueron comparables a estándares internacionales.
Lo que ha fallado de manera recurrente no es la estructura, sino la articulación: entre niveles de gobierno, entre instituciones civiles y militares, entre el análisis y la decisión política.
A ello se suma un problema de legitimidad democrática nunca del todo resuelto: la inteligencia mexicana ha cargado históricamente con la sospecha —en muchos casos fundada— de haber servido más al control político que a la seguridad del Estado.
Reconstruir esa legitimidad requiere supervisión parlamentaria efectiva, controles judiciales sobre intervenciones, transparencia metodológica y, sobre todo, una definición clara de para qué existe la inteligencia: para anticipar riesgos que amenazan al Estado y a sus ciudadanos, no para proteger a gobiernos de su propia ciudadanía.
México necesita una política nacional de inteligencia que no empiece ni termine en el nivel federal.
Que llegue al estado y al municipio. Que forme analistas, no sólo informantes.
Que cruce datos migratorios, financieros, territoriales y sociales con el rigor de la inteligencia de fusión moderna.
Que distinga entre investigación criminal, seguridad pública e inteligencia estratégica —tres cosas que hoy siguen confundiéndose con consecuencias muy concretas en materia de violencia y gobernabilidad.
Saber antes de actuar no es un lujo.
En un país con los niveles de violencia y de fragilidad institucional de México, es una necesidad de Estado.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
