Las investigaciones estratégicas de alto impacto, los acuerdos con instancias federales, las decisiones sobre persecución penal frente a la delincuencia organizada y la gestión de casos políticamente sensibles requieren una titularidad efectiva, no una suplencia de administración cotidiana.
Lo que Torres Piña deja atrás no es únicamente un escritorio vacío.
Es la conducción real de una institución que requiere liderazgo permanente y que, en su ausencia, operará bajo una simulación de normalidad institucional que ningún ciudadano que haya perdido un familiar debería tener que tolerar.
El Congreso como oficialía de partes
El Poder Legislativo tampoco salió bien librado.
En lugar de ejercer control constitucional real, la Comisión de Justicia se limitó a verificar que los documentos estuvieran en orden.
No preguntó cuáles investigaciones estratégicas quedarían comprometidas. No exigió un plan de continuidad operativa. No solicitó garantías sobre la protección de casos de alto impacto. No evaluó el riesgo institucional de la separación en el contexto de seguridad estatal.
El Congreso actuó como una ventanilla de trámite. Eso no es control democrático. Es complicidad institucional con una decisión que debió someterse a un escrutinio mucho más riguroso.
Las víctimas no tienen licencia
Existe una dimensión que el debate jurídico sistemáticamente invisibiliza: las víctimas.
Cada expediente sin resolver. Cada carpeta de investigación sin avanzar. Cada persona desaparecida cuya familia espera una llamada. Cada homicidio impune en los municipios más golpeados del estado.
Esas personas no pueden pedir licencia de su dolor. No pueden suspender su espera mientras el titular de la institución que debía procurarles justicia explora si Morena le abre la puerta del Palacio de Gobierno.
La responsabilidad del Fiscal General no es delegable. La administración operativa puede transferirse temporalmente.
La obligación moral, jamás.
Cuando la autonomía pierde su razón de ser
La licencia de Torres Piña puede superar cualquier revisión de legalidad formal. Lo que no supera es el examen de la ética pública.
Cuando la titularidad de una Fiscalía constitucional comienza a percibirse como escala de transición política, el diseño de autonomía pierde su contenido práctico. La institución deja de proyectar continuidad técnica y adquiere la lógica del oportunismo electoral.
En un estado que acumula años de violencia, impunidad y desconfianza institucional, ese mensaje tiene un costo que no aparece en ningún dictamen legislativo, pero que miles de michoacanos pagan todos los días: la certeza de que para quienes los gobiernan, la ambición personal siempre llega antes que la justicia.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
