Soñamos con ciudades más limpias, más amigables y más humanas, pero poco invertimos en acciones de adaptación y reducción de emisiones para gozar de los espacios a los que aspiramos. La lógica de administración de la austeridad en la que están inmersos los municipios mexicanos no permite la inversión en proyectos de gran escala. Una visión administrativa, alejada de la gestión de mediano plazo dificultan la ejecución de acciones sostenidas que permitan la necesaria conversión de nuestras ciudades por unas adaptadas a los efectos del cambio climático y la reducción de emisiones.
Queremos ciudades limpias, pero ¿quién las paga?
El financiamiento asociado a soluciones sostenibles, como cualquier proyecto emergente, requiere de programas de inversión específicos para los que no todas los gobiernos municipales están listos.
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Cuando se habla de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a escala de ciudad, uno de los sectores prioritarios es el de transporte. En ese sentido, sistemas públicos de movilidad no motorizada o proyectos ambiciosos de transición energética han sido implementados por ciudades en el mundo con éxito. Algunos ejemplos como el de San Francisco, Medellín, Los Ángeles o París saltan a las mesas de discusión cuando se habla de ciudades en proceso de adaptarse al cambio climático.
Sin embargo, cuando se plantean soluciones para las ciudades no pueden perderse de vista los costos asociados a estas. En el caso de los sistemas públicos de movilidad no motorizada, o fondos para la transición energética se incluyen las bicicletas, las plataformas tecnológicas, las estaciones, la infraestructura urbana, los mantenimientos, vehículos para el soporte logístico, entre otros. Estos proyectos, aunque tienen potencial de alto impacto suponen un financiamiento inicial significativo que implica un reto para las administraciones locales.
El financiamiento asociado a las soluciones sostenibles, como cualquier proyecto emergente, requiere de programas de inversión específicos para los que no todas las administraciones municipales mexicanas están preparadas. Las propias reglas del presupuesto público asociadas a una lógica anualizada dificultan la implementación de acciones de escala urbana o metropolitana.
Para lograrlo, es necesario considerar esquemas de coordinación y asociación entre ciudades, sectores y niveles de gobierno. En México tenemos sistemas que han logrado con la colaboración de actores dar resultados ejemplares en la movilidad urbana y por ende en la reducción de emisiones. Es el caso de la Ciudad de México que, con el sistema Ecobici, financiado y operado en parte por la iniciativa privada, ha logrado avances importantes no solo en cuanto al fomento en el uso de modos de movilidad no motorizada y la reducción de emisiones, sino también como un elemento integrador del espacio público. Además, de los beneficios que genera en la salud y bienestar de quienes lo utilizan.
La expansión y consolidación de los sistemas de bicicletas públicas en las ciudades mexicanas debe considerar por un lado la escala y las posibilidades de financiamiento de las ciudades, y por el otro la sustentabilidad de un modelo de negocio a largo plazo. Es de destacar que, de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda de 2020, más del 50% de los casi 2,500 municipios mexicanos tienen menos de 50,000 habitantes, lo que supone importantes desafíos en cuanto a la capacidad para la implementación de proyectos de gran escala.
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Una alternativa para encontrar soluciones sostenibles en municipios pequeños puede encontrarse en los mecanismos de asociación intermunicipal, para enfrentar los grandes retos como el cambio climático bajo el principio de que “la unión hace la fuerza”. Iniciativas emergentes en ciudades medias o municipios pequeños han surgido a partir de esquemas de asociación intermunicipal de nivel regional. El caso de la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala (AIPROMADES), quien con financiamiento de Euroclima y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); implementa un Plan Integral de Movilidad y Logística para la Región Chapala, cuyo objetivo central incluye la reducción de emisiones del transporte, es un referente de cómo la colaboración regional puede ser una vía para la promoción de modelos de movilidad sostenible.
Lograr alcanzar las metas de disminución de GEI no debe ser un compromiso de un único actor, o de ciudades con grandes recursos a su disposición. La transición hacia un país más sostenible debe ser un esfuerzo compartido, sin dejar a nadie atrás. El éxito depende de cómo los actores públicos, privados y la sociedad civil podamos trabajar de manera conjunta y creativa para llevar a cabo acciones concretas.
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Nota del editor: Tania Romero es directora en urbanistica.mx, consultora especialista en políticas de suelo y legislación urbana. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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