El pasado 30 de marzo iniciaron las campañas para elegir a nuestro Poder Judicial. Son las primeras elecciones de este tipo en la historia reciente de México. Se trata de un periodo de 60 días en el que las más de 3,000 candidaturas buscarán el voto de sus electores y del cual Integralia Consultores publicó un Reporte Especial que presenta detalles e implicaciones de esta etapa del proceso judicial electoral (puede consultarse aquí ).
#ColumnaInvitada | Campañas judiciales electorales que nadie entiende
Existe el riesgo de que distintos actores políticos, empresariales y criminales aumenten su nivel de influencia sobre el Poder Judicial por medio del financiamiento irregular de las campañas.
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Aunque en diversas ocasiones se ha dicho que las elecciones son inéditas, a continuación, pretendo comentar dos elementos fundamentales que provocarán que las campañas se desenvuelvan de manera completamente diferente y que serán problemáticos tanto para las candidaturas como para la organización electoral: i) el financiamiento de las campañas y ii) las restricciones electorales.
Financiamiento de las campañas: gastos personales
La reforma al Poder Judicial estableció que el único financiamiento del que podían echar mano las y los candidatos de esta elección es algo llamado “gastos personales”, es decir, aquella inversión que cada uno de los contendientes pudiera destinar de su bolsillo o de su patrimonio, dejando fuera el financiamiento público y privado del que gozan para llevar a cabo sus campañas los candidatos a poderes ejecutivos y legislativos, federales y locales.
Aunque esta determinación puede ser popular porque las campañas no son pagadas por el erario público (es decir, nuestros impuestos), hace que la competencia sea dispareja, pues los candidatos y candidatas tienen ingresos, patrimonios y condiciones de vida muy distantes entre sí, por lo que cada uno puede destinar cantidades diferentes de dinero para financiar viáticos, una agencia que diseñe sus spots de redes sociales o un equipo de campaña. Estas disparidades rompen con la equidad de la contienda a la que estábamos acostumbrados en elecciones anteriores, al menos en cuanto al financiamiento legal de las campañas.
Además, aunque no será la primera vez que haya financiamiento ilegal en las campañas de nuestro país, la restricción de los gastos personales abre la puerta a que partidos políticos, empresarios o el crimen organizado ofrezcan financiamiento irregular con el objetivo de aumentar las posibilidades de triunfo de algunas personas con recursos limitados y con intereses alineados a los suyos. Por ello, existe el riesgo de que distintos actores políticos, empresariales y criminales aumenten su nivel de influencia sobre el Poder Judicial por medio del financiamiento irregular de las campañas de las y los aspirantes a ser jueces, magistrados y ministros.
Infracciones electorales
Las campañas que estamos viviendo serán las más restrictivas, ya que el INE emitió diversos lineamientos sobre lo que está prohibido para las candidaturas, los partidos políticos y los servidores públicos. Al respecto, dos anotaciones: i) de manera general, estas restricciones fueron impuestas por nuestros legisladores y legisladoras en la reforma del año pasado y el INE solamente se encargó de clarificar lo que sí y lo que no podían hacer cada uno de los actores mencionados; ii) la historia electoral y democrática de nuestro país nos ha enseñado que, en general, los actores e institutos políticos no respetan la Constitución y las leyes electorales. Por el contrario, sacan a relucir sus habilidades creativas para dar vuelta a las determinaciones legales, sin violarlas formalmente.
En ambos puntos, el culpable a señalar por parte del oficialismo será el INE ya sea por “exagerar” en las prohibiciones o por “permitir” que se viole la ley ante la falta de legalidad de las candidaturas, lo que se sumará a la larga lista de argumentos para llevar a cabo una reforma que trastoque la organización (por ejemplo, el número de integrantes del Consejo General o la forma en la que eligen éstos) y/o la operatividad del INE, para así disminuir su autonomía y aumentar la injerencia o el control del gobierno federal sobre el Instituto Electoral…pero esa es otra discusión.
Los resultados de éstas (y muchas otras) particularidades se verán en la forma en que las personas candidatas se darán a conocer entre el electorado y pedirán que voten por ellas. Por ejemplo, el domingo no vimos arranques de campaña con eventos onerosos, con mucha producción, organización y, sobre todo, multitudinarios; al contrario, observamos una buena cantidad de publicaciones en las redes sociales de las personas candidatas, canal que será el principal para intentar llegar al electorado en los próximos dos meses.
El uso de redes sociales no es perjudicial por sí mismo; sin embargo, puede hacer aún más compleja la fiscalización del INE para verificar si se cumple o no lo que está permitido, pues el internet aún es un espacio difícil de regular y será complicado conocer el origen de los recursos que se destinan a la promoción digital. Además, la campaña digital excluirá al electorado que aún no tiene acceso a internet. Por otro lado, varias de las candidaturas han incurrido en un juego para ver quién obtiene más likes en redes sociales, priorizando acciones simpáticas o vistosas por encima de argumentos acerca de su visión sobre la justicia.
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Es probable que los efectos de la reforma en el Poder Judicial sean palpables entre nosotros a largo plazo; sin embargo, lo que ya estamos viendo hoy es una nueva forma de hacer política, de hacer operación electoral, de organizar elecciones y de sufragar. Habrá que esperar a que terminen las campañas para evaluar sus efectos y queda por ver la actuación de las autoridades electorales para organizar la jornada comicial, realizar el cómputo de los votos y procesar las impugnaciones bajo un fuerte estrés presupuestario.
No obstante, hoy puedo afirmar que serán necesarios diversos ajustes que hagan las elecciones del Poder Judicial más equitativas y más fáciles de ejecutar en el futuro. Este sistema será insostenible, salvo que el propósito de la reforma no sea democratizar al Poder Judicial, sino beneficiar al partido gobernante y a otros poderes fácticos. Bajo el esquema actual, parece que ése es el objetivo en realidad.
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Nota del editor: Marina Reyes es consultora especializada en asuntos electorales en Integralia (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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