Entre las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump el día de su inauguración como el presidente número 47 de los Estados Unidos se encuentra aquella que otorga al Secretario de Estado un plazo de 14 días para que le recomiende cuáles cárteles podrían ser designados como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).
Efectivamente, no es que todos los cárteles ya sean considerados terroristas, sino que se inició un proceso formal para su designación individual.
Si bien la designación no implica automáticamente la incursión militar en el territorio en que estas organizaciones se encuentren, como se ha sugerido, sí pudieran intensificarse los llamados para la realización de operaciones de esta índole. En el clima político actual, esta consecuencia no legal del proceso debe encender todas las alertas posibles.
Pero, independientemente de ello, podrían prenderse otro tipo de alertas entre quienes se han excedido con los “abrazos” a los integrantes de los cárteles.
Es cierto que la designación genera consecuencias específicas para la ciudadanía y empresas estadounidenses. Por ejemplo, se puede solicitar a instituciones financieras el congelamiento de los activos de estas organizaciones bajo su control. Asimismo, se prohíbe el otorgamiento de apoyo material de cualquier tipo, como puede ser el financiamiento, los servicios financieros, alojamiento, armas, entre otras facilidades, penado con hasta 20 años de prisión.
Pero también existen precedentes jurisdiccionales que han generado responsabilidades para personas no ciudadanas actuando fuera del país si se determina que la actividad tiene el objetivo de causar daños dentro de Estados Unidos o a ciudadanos o intereses estadounidenses.
Ello llama la atención a la luz de la preeminencia que ha tomado la crisis del fentanilo en las condiciones que Trump ha impuesto sobre la relación bilateral con México. Asimismo, debe ser analizado a la luz de los juicios por narcotráfico en curso en Estados Unidos y la información que se desprenderá de ellos. Tampoco debe soslayarse la colusión innegable de algunas autoridades mexicanas con los cárteles de la droga y el peso de este tema en la discusión más amplia sobre la migración y el futuro del T-MEC.
Aunque se esperarían consecuencias directas de la designación sobre grupos estadounidenses de la delincuencia que colaboran con cárteles mexicanos, también debería haberlas para las empresas vendedoras de armas. La propia Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) ha identificado que más de dos terceras partes de las armas recuperadas por México en escenas de violencia tienen su origen en el país vecino.
Habrá que ver si la administración de Trump emprende acciones en contra de algunos de sus principales financiadores políticos. Pero el proceso de designación de los cárteles mexicanos como FTOs también debe encender alertas dentro del sector privado, particularmente en aquellas empresas que operan en México y que, como muchas otras, son obligadas a pagar “derecho de piso” a los cárteles para poder operar en algunas partes del territorio nacional.
Esto apenas comienza.
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Nota del editor. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
