#ZonaLibre | La caída del INAI, una historia de terror

La transparencia no debería ser un tema controversial. Es la base para que los ciudadanos puedan confiar en sus gobernantes. Sin embargo, en México, pedir rendición de cuentas es como buscar oro en un río seco: esperanzador pero complicado. Sin un mecanismo que obligue a los gobiernos a rendir cuentas, el ciudadano promedio pierde la capacidad de preguntar, por ejemplo: “¿En qué se gastaron los millones para aquel hospital que nunca se terminó?”.

Los gobiernos que priorizan la transparencia suelen tener menos problemas para justificar sus decisiones. Por eso, que un instituto como el INAI deje de operar plantea preguntas incómodas. No obstante, la desaparición también trae consigo una reflexión sobre los costos y la eficiencia de las instituciones, un punto que ha sido clave en el argumento de la Cuarta Transformación.

La 4T y el INAI, ¿un gasto o una necesidad?

Desde que la Cuarta Transformación tomó las riendas del país, el INAI se convirtió en un tema polémico. Según el gobierno, el instituto es costoso y no ha cumplido con los objetivos para los que fue creado. Las acusaciones de ineficiencia y burocracia innecesaria han sido constantes.

Bajo este argumento, la 4T considera que el INAI representa un gasto excesivo en un momento en el que el país necesita optimizar recursos (costaba más de 1,000 millones de pesos para operar anualmente). También argumenta que la transparencia puede garantizarse desde otras instancias del gobierno, como la Secretaría de la Función Pública, evitando duplicidad de funciones. Este enfoque responde a una visión de simplificación administrativa, que busca reducir la carga de estructuras gubernamentales que, según ellos, “no sirven al pueblo”.

Por otro lado, este planteamiento ignora un punto importante: el INAI actúa como un ente autónomo que, en teoría, no está supeditado al poder político. Su desaparición podría dejar la transparencia en manos del gobierno, lo que genera dudas sobre la imparcialidad en el manejo de la información pública.

Más allá de los argumentos de la 4T, la desaparición del INAI representa un desafío para la democracia. Este instituto garantizaba a los ciudadanos el derecho a acceder a información sobre contratos, presupuestos y decisiones gubernamentales. Sin él, las solicitudes de transparencia podrían caer en un limbo burocrático.

Además, la desaparición del INAI podría tener efectos adversos en el ejercicio de derechos fundamentales, como la protección de datos personales. Sin un organismo que vigile estos temas, los ciudadanos quedarían en una posición vulnerable frente al uso indebido de su información.

¿Qué sigue? ¿Un modelo más eficiente o más opaco?

Con la desaparición del INAI, las funciones de transparencia podrían ser absorbidas por la Secretaría de la Función Pública o por algún otro ente gubernamental. La pregunta es: ¿puede el gobierno ser juez y parte en temas de transparencia?

El gobierno asegura que la eliminación del INAI es un paso hacia una administración más eficiente y menos costosa. Sin embargo, críticos y expertos en derechos humanos advierten que esta decisión podría reducir la capacidad de los ciudadanos para exigir rendición de cuentas.

La desaparición del INAI pone en la balanza dos perspectivas: por un lado, la visión de la 4T, que busca un modelo gubernamental más austero y simplificado; por otro, la preocupación ciudadana por la pérdida de un ente autónomo que garantizaba transparencia y derechos.

Sea cual sea el desenlace, lo cierto es que la confianza en el gobierno no se puede decretar, se tiene que ganar. Y si las promesas de mayor eficiencia no se cumplen, los ciudadanos podrían enfrentar un escenario donde la transparencia sea más mito que realidad. Por ahora, queda esperar que las nuevas medidas no terminen siendo un “ahorita no, joven” institucionalizado.

Dicen que desaparecieron al INAI porque su presupuesto era muy caro… pero, curiosamente, nadie sabe en qué se va a gastar ahora ese dinero. ¡Parece que el INAI habría sido útil para investigar eso!

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