La seguridad en México ha dejado de ser una crisis ocasional para convertirse en un estado permanente de alerta y vulnerabilidad. Los titulares de violencia extrema y de corrupción son ya parte del panorama cotidiano, y en muchos rincones del país la esperanza de un cambio parece tan lejana como el último esfuerzo real por conseguirla. Según cifras del ENVIPE (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública), en 2023, 27.5% de los hogares en México tuvo, al menos, una o uno de sus integrantes como víctima del delito. Así, las familias viven atrapadas entre la desesperación y el miedo, mientras las promesas de las autoridades se desvanecen en medio de la falta de resultados concretos.
¿Qué implica para la justicia una Secretaría de Seguridad con “súper poderes”?
Concentrar los esfuerzos en dotar a las policías de mayores facultades de investigación sin fortalecer a las fiscalías es una estrategia incompleta y, en última instancia, inviable.
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Ante este panorama llega una nueva propuesta. La reforma al artículo 21 constitucional, aprobada por el Senado el pasado 11 de noviembre de 2024, representa un nuevo intento para resolver la impunidad dentro del sistema de justicia y la inseguridad en México. ¿En qué consiste esta apuesta por la centralización de la seguridad pública? Y más importante aún, ¿dotar a las policías de atribuciones explicitas de investigación e inteligencia criminal ayudará por sí solo a cambiar la situación de inseguridad e injustica de nuestro país?
La SSPC y la investigación de delitos
Un cambio que parece ocioso, pues ya existía para todas las policías, sin embargo, se hizo explicita para la Secretaría de Seguridad Pública ciudadana federal es la posibilidad de que investigue delitos bajo el mando y la conducción del Ministerio Público. Esta ampliación de atribuciones sin duda fortalece la capacidad de respuesta en la lucha contra el crimen, pues tendremos una suerte de potencial detectives en cada uno de los elementos policiales. Sin duda, las fiscalías, quien hasta hoy no solo conducen, sino ejecutan, la gran mayoría de los actos de investigación, necesitan apoyo en estas funciones y así pareciera óptimo que pudieran las fiscalías concentrarse en el trabajo más jurídico y menos de campo.
Sin embargo, existe escepticismo -entendible- por parte de las fiscalías de auxiliarse de las policías, pues puede ponerse en riesgo la secrecía de la investigación y, sin duda alguna, hace falta capacitación de los policías para ejecutar correctamente actos de investigación que después puedan servir en un juicio penal. Así, la multiplicidad de organismos investigando puede convertirse en un recurso valioso, o en un obstáculo que desvíe recursos y genere tensiones institucionales. Será fundamental que esta nueva estructura cuente con un esquema de coordinación y capacitación claro y efectivo para evitar que esta reforma, en lugar de mejorar la seguridad, multiplique los problemas en la administración y sistemas de justicia.
Una mayor rendición de cuentas en seguridad pública y mayor coordinación nacional
Por otro lado, crecer las facultades del Secretariado Ejecutivo dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos parece un intento justo y necesario por redoblar esfuerzos para auditar los fondos de seguridad, y esto representa un avance relevante en términos de transparencia. Esta medida tiene el potencial de mejorar la gestión de los recursos públicos destinados a la seguridad, al asegurar un control más exhaustivo sobre su uso.
Asimismo, este Secretariado también será la encargada de homologar actos de las policías en los tres órdenes de gobierno a través de acuerdos y lineamientos técnicos. Esta medida de centralizar o federalizar el control sobre las policías es un arma de doble filo, pues existen ya ejemplos nacionales de buenas policías y lo interesante sería rescatar esas buenas prácticas en lugar de imponer, sin una visión colectiva, acuerdos generales.
La SSPC y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública
La ampliación de las facultades de la SSPC en la coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública le otorga un papel central en el diseño y ejecución de políticas de seguridad en México. Esta centralización puede ser una ventaja para unificar criterios y esfuerzos, pero también podría dificultar la adaptación de la estrategia a las distintas realidades locales si no se establece un mecanismo de cooperación claro con los estados y municipios.
Desde TOJIL, consideramos que es fundamental que la SSPC asuma este liderazgo con responsabilidad, respetando y trabajando de la mano con las autoridades locales para crear una estrategia que no solo sea nacional, sino también cercana a la gente. En un país tan diverso como México, imponer un enfoque único sin respetar las realidades locales puede resultar en una estrategia rígida y poco efectiva.
Sistema Nacional de Inteligencia: nuevas capacidades, nuevos riesgos
La creación de un Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, también a cargo de la SSPC, da a esta entidad un control sin precedentes sobre el flujo de información de inteligencia. Si bien esto podría mejorar la prevención de delitos y amenazas, además de conllevar el riesgo de centralizar en exceso la información sensible, también podría dar paso a abusos de poder si no se implementan contrapesos y controles adecuados. El acceso centralizado a información sensible requiere una vigilancia estricta para evitar que se utilice con fines distintos a la seguridad pública, especialmente en un contexto de debilidad institucional y ante la obligación estatal de garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados. Uno de los compromisos dentro de las áreas estratégicas de TOJIL, es fortalecer la capacidad institucional e incidir para que sistemas como este operen bajo un marco de transparencia y salvaguardas efectivas para prevenir abusos y para garantizar una efectividad organizacional de las instituciones, sus objetivos y facultades.
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En conclusión, la creación de una SSPC con “súper poderes” no está exenta de desafíos. La reciente reforma es una apuesta ambiciosa que, si se implementa con contrapesos y colaboración efectiva con el Ministerio Público y las policías locales, podría fortalecer la seguridad pública en México. Sin embargo, también representa un riesgo si no se prevén mecanismos que garanticen una supervisión adecuada y se establecen controles claros para prevenir conflictos de competencia, duplicidades y abusos de poder. La SSPC tendrá que manejar sus nuevas facultades con responsabilidad y transparencia, asegurando que cada una de sus decisiones fortalezca la seguridad pública sin vulnerar los derechos de los ciudadanos y sin desequilibrar el sistema de justicia.
Ahora bien, concentrar los esfuerzos en dotar a las policías de mayores facultades de investigación sin fortalecer a las fiscalías es una estrategia incompleta y, en última instancia, inviable. Las policías, por más recursos y atribuciones que tengan, dependen de una coordinación efectiva con el sistema de procuración de justicia para lograr resultados duraderos. Si las fiscalías no cuentan con el personal capacitado, los recursos y la independencia necesarios para conducir una investigación penal eficaz, cualquier avance en el trabajo policial se diluirá en procesos penales y judiciales ineficaces o fracasados.
Para enfrentar de manera integral la crisis de seguridad y justicia, es indispensable reconocer que policías y fiscalías deben fortalecerse en conjunto; solo así se podrá construir un sistema de justicia sólido y confiable que responda realmente a las necesidades de la sociedad.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de las autoras.
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