Esmeralda, la fuerza del estado en la dirección opuesta

El fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, sostiene que es un caso de homicidio, porque hay pruebas de que el bebé respiró y después se le provocó la muerte por asfixia.

Por el contrario, la organización Adax Digitales, que acompaña a Esmeralda en este proceso, dice que en realidad fue un aborto espontáneo, porque hay un peritaje que lo demuestra.

¿Cuál de las versiones es la verídica? No lo sé, estoy ajena al caso y ambas partes abogan tener evidencia que soportan su historia.

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Sin embargo, a mi me llama mucho la atención la postura de la Fiscalía. En una entrevista proyectan los hechos como si se tratara de un acto totalmente despiadado. Sin considerar que Esmeralda es de una comunidad de Huimilpan y vive en condiciones marginadas. Sin contemplar que cuando Esmeralda quedó embarazada tenía 13 años, era una niña en edad para iniciar la secundaria. Sin tomar en cuenta que denunció que había sido violada por un familiar de 17 años.

Eso es lo que pasa cuando una fiscalía carece de perspectiva de género. Es incapaz de cuestionar los hechos y valorar las pruebas sin prejucios ni estereotipos. Sin poder visualizar las condiciones que pusieron a la víctima en desventaja desde un inicio.

¿Dónde quedó el gobierno estatal que le dio educación sexual a Esmeralda y a sus compañeras? ¿Qué tipo de asesoría legal le brindaron a Esmeralda cuando llegó al hospital desángrandose? ¿Dónde quedó la Fiscalía para perseguir con la misma vehemencia su violación? Es más, ¿qué pensó el fiscal cuando supo que se trataba de una niña de 14 años? ¿Acaso en Querétaro un embarazo adolescente se trata igual que el de cualquier persona adulta?

Tengo muchas preguntas y seguramente no tendré respuesta.

Lo más triste e impotente de este caso es que hoy sabemos la realidad tan dura que enfrenta Esmeralda. No obstante, hay muchas más como ella en este y en otros estados que viven tragedias por embarazos adolescentes que no se pudieron prevenir, que mueren buscando ayuda o que su futuro se ve truncado porque las autoridades les dan la espalda.

Ojalá que el respaldo de la presidenta Sheinbaum, el apoyo de Citlalli Hernández y la mirada feminista que está concentrada en el Bajío sacudan a las fiscalías y a los gobiernos de todo el país para que las niñas y las adolescentes estén cada vez más protegidas e informadas.

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Nota del editor: Fátima Masse es Economista especializada en temas sociales. Síguela en Twitter como @Fatima_Masse . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.

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