En 2018, la Ciudad de México dio un paso adelante hacia la participación ciudadana en la planificación urbana con la creación del Proceso de Consulta Vecinal para Grandes Construcciones (PCV). Este mecanismo fue diseñado para asegurar que los megaproyectos de desarrollo sean evaluados y discutidos con los habitantes afectados antes de su aprobación. Seis años después, la nueva Ley Ambiental de la Ciudad de México (también conocida popularmente como Ley Batres), incorpora este proceso, reafirmando la importancia de la opinión ciudadana en una urbe cada vez más presionada por los procesos de gentrificación. Pero ¿cuáles son las verdaderas implicaciones del PCV para la ciudad?
#ColumnaInvitada | Consulta vecinal en CDMX, ¿avance o promesa incumplida?
Es urgente que las autoridades de la CDMX realicen un análisis crítico de las limitaciones actuales del Proceso de Consulta Vecinal para Grandes Construcciones, que salgan de la soberbia burocrática.
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De acuerdo con el Informe de Gobierno 2019-2023, la Secretaría de Medioambiente de la CDMX (Sedema) ha implementado 44 procesos de consulta vecinal; sin embargo, nada se menciona del resultado de éstas, cuántos proyectos fueron aprobados, cuántos requirieron medidas de compensación adicionales y cuántos fueron rechazados. De nuevo, la transparencia y la rendición de cuentas siguen siendo asignaturas pendientes en la administración local.
Una búsqueda rápida en internet arroja resultados alarmantes: enormes proyectos con claros impactos sociales y ambientales, como Mexicable, Torre Mitikah, Conjunto Estadio Azteca, Poliforum, Gran Sur y, más recientemente, Six Flags, muestran un contundente rechazo de la población ante los resultados del PCV. Frente a este escenario, sería esperable y deseable que la Sedema hiciera un ejercicio autocrítico y que corrigiera las deficiencias del proceso, aprovechando la publicación de la nueva Ley Ambiental de la CDMX. Pero la realidad es muy diferente. Algunos de los problemas detectados en Integralia sobre este proceso son:
1. Alcance limitado del PCV. Anteriormente este proceso aplicaba para predios o fusiones de predios desde 10,000 metros cuadrados de superficie, construcciones desde 100,000 metros cuadrados, centros comerciales, de espectáculos y similares. Ahora con la nueva ley, el PCV sólo será aplicable para construcciones desde 50,000 metros cuadrados o proyectos de 300 viviendas o más. Además del drástico recorte que esto significa, una clasificación tan laxa abre la puerta a maniobras evasivas, por ejemplo, construir 299 viviendas para evitar la aplicación del PCV o, por el contrario, enfrentar un PCV por ampliaciones menores que rebasan los 10,000 metros (considerando la construcción preexistente, como lo marca la ley).
2. Sobrecarga de responsabilidades en el Tercero Especializado. Por falta de personal y capacidades, Sedema ha optado por la figura de Tercero Especializado para el desarrollo del PCV. Primero, este actor tiene que ser validado por la Sedema, aunque no existen criterios claros sobre cómo algún interesado puede ser considerado como un Tercero Especializado para los fines del PCV. Una vez obtenido el visto bueno de Sedema, el Tercero Especializado, que es el encargado de llevar a cabo la evaluación de impacto socioambiental, enfrenta la compleja tarea de gestionar las expectativas tanto del promovente del proyecto como de la comunidad afectada. Además, debe asegurar la transparencia del proceso, recolectar y analizar opiniones de múltiples partes interesadas y presentar un informe exhaustivo que refleje adecuadamente los impactos del proyecto y las opiniones de los vecinos. Por si fuera poco, es responsable de diseñar y operar mecanismos de atención y seguimiento de las medidas de mitigación y compensación. Todo esto bajo el escrutinio y la supervisión arbitraria de la autoridad. Esto resulta en que el Tercero tenga muy limitada o ninguna capacidad para intervenir en los aspectos metodológicos y operativos del Proceso, convirtiéndose en el mandadero de la Sedema y no en un defensor de los intereses de las comunidades afectadas o en mediador entre las partes.
3. Resultados no vinculantes. Con todas sus letras: no importa el resultado del PCV, pues aunque se recojan las opiniones y preocupaciones de los habitantes del área de influencia del proyecto, las autoridades no están legalmente obligadas a adoptar estas sugerencias o a modificar el proyecto en función de los resultados de la consulta, dejando a los promoventes y las comunidades en un estado permanente de indefensión. Este carácter no vinculante ha generado frustración entre los participantes, quienes pueden sentir que su tiempo y su esfuerzo no tienen un impacto real en la ejecución del Proyecto, y que la autoridad se lava las manos en un descarado acto de Social Washing.
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Estas son sólo tres de las muchas áreas de oportunidad identificadas en el PCV. Es innegable que la implementación de este proceso representa un avance significativo hacia la tan necesaria inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre proyectos de desarrollo urbano. Desde esta perspectiva, es urgente que las autoridades de la CDMX realicen un análisis crítico de las limitaciones actuales del PCV, que salgan de la soberbia burocrática que los caracteriza y escuchen a las comunidades, los promoventes y los terceros especializados.
Aún no es tarde, está pendiente la publicación del Reglamento de la Ley, momento que quizá sea la última oportunidad para transformar el PCV, para pasar de un manifiesto de buenas intenciones a una herramienta democrática que favorezca la participación de las comunidades y mejore el desarrollo urbano inclusivo de la ciudad.
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Nota del editor: Luis Vidrio (@LuisAlVidrio) es consultor especializado en impacto social y relacionamiento comunitario en Integralia (@Integralia_MX). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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