Este 2 de junio la población mexicana acudió a las urnas a elegir más de 20,000 cargos de elección popular, y dado que la jornada electoral ha concluido, resulta un buen momento para analizar la calidad de las propuestas dadas y, en particular, poner la lente en las problemáticas públicas que no fueron lo suficientemente atendidas o de plano fueron relegadas en la conversación electoral.
Las armas de fuego en México, el tema que estuvo ausente en las elecciones 2024
El asunto específico del papel que tienen las armas de fuego en la violencia y la inseguridad no fue analizado con suficiencia por quienes contendieron a la presidencia.
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Uno de esos temas fue el de la amplia e indiscriminada disponibilidad de armas de fuego en México. Si bien el discurso sobre seguridad, en términos generales, sí se hizo presente en la discusión pública y en las propuestas de los partidos, el asunto específico del papel que tienen las armas de fuego en la violencia y la inseguridad no fue analizado con suficiencia por quienes contendieron a la presidencia.
En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 67% de los homicidios registrados en 2022 fueron cometidos mediante el disparo de un arma de fuego . Además, el mismo organismo señala que, ese mismo año, de los 14.6 millones delitos estimados donde la víctima estuvo presente, los perpetradores portaban un arma de fuego en el 22.8% de los casos . En este sentido, entender y atender el impacto que genera la disponibilidad de estos artefactos resulta indispensable para la reducción de la incidencia delictiva, las violencias y la inseguridad en México.
En las plataformas electorales que habían sido presentadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), únicamente Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) mencionó a las armas de fuego, limitándose a señalar que “se mantendrá la colaboración con Estados Unidos en la persecución del contrabando de armas, el combate a las drogas sintéticas y el tráfico de personas, en un marco de igualdad y reciprocidad y estricto respeto a la soberanía nacional de ambos países.” En los debates presidenciales, por su parte, los ahora ex candidatos Xóchitl Gálvez de Fuerza y Corazón X México y Jorge Álvarez Maynez de Movimiento Ciudadano (MC) sí hablaron de la necesidad de “ponerle fin al tráfico de armas,” a pregunta expresa de la periodista Denise Maerker . En particular, el ex candidato de MC se refirió a este tema para sostener su apoyo a las demandas interpuestas en 2021 y 2022 por México en contra de distintos actores de la industria de las armas de fuego en Estados Unidos.
Aunque la cooperación internacional, los esfuerzos diplomáticos y las estrategias de litigio para frenar el tráfico ilícito transfronterizo de armas de fuego sin duda resultan elementales y urgentes para atender esta problemática, los partidos no priorizaron presentar propuestas concretas para la adopción de una política integral para el control interno de armas este 2024. Esto es grave dadas las omisiones y falencias actuales en la materia. Por ejemplo, actualmente el país carece de buenos registros públicos y auditables sobre armas de fuego y municiones . En 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó haber recibido solamente 6,168 armas cortas y largas en programas de desarme voluntario. Dicha cifra resulta insuficiente si consideramos que los más recientes datos de Small Arms Survey indican que en México habían aproximadamente 16,800,000 armas de fuego en manos de civiles en 2017 .
Será reto del gobierno federal siguiente subsanar esta falla. La redacción de documentos públicos como el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana deben abordar la necesidad de contar con una política integral y nacional para el control de las armas de fuego. En ésta se deben contemplar la actualización y mantenimiento de registros confiables de armas de fuego; mejores y más programas de desarme; mecanismos internos de cooperación intersecretarial; y sí, también los esfuerzos de política exterior que busquen atajar el tráfico ilícito transnacional.
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Se debe replantear en su totalidad la manera en la que se aborda el control de armas interno en México y el cambio de gobierno es una oportunidad para un viraje en este sentido. Pero no todo puede ni debe depender del Poder Ejecutivo, ya que el Congreso Federal y las nuevas autoridades locales tendrán que jugar un papel importante en la implementación de políticas para el control de armas y el desarme. Misma situación ocurre con la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales, que deberían implementar conjuntamente una política criminal que tome en cuenta la identificación, investigación y desmantelamiento de redes macrocriminales de tráfico de armas. Y también con el Poder Judicial Federal (PJF) y con los tribunales estatales en la sanción de este fenómeno delictivo.
A la sociedad civil, por su parte, le tocará exigir, monitorear y evaluar las medidas, programas y políticas que surjan en esta materia para que efectivamente abonen a la reducción de la crisis de violencia que lleva años aconteciendo en México.
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Nota del editor: Gerardo Álvarez es investigador en el área de Incidencia Política de México Unido Contra la Delincuencia AC. (@MUCDOficial) Abogado. Se ha dedicado al litigio constitucional y administrativo, así como a la investigación en seguridad ciudadana, política de drogas, militarización, control de armas y derechos humanos. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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