En materia de seguridad y justicia en este sexenio vimos la extinción de Policía Federal (PF) y la creación de la Guardia Nacional; la transformación de Procuraduría en Fiscalía General de la República (FGR); la derogación de la Comisión Nacional de Seguridad para crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); la transferencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Seguridad Pública a la SSPC; el desmantelamiento de la Comisión Nacional Antisecuestro, de los mecanismos de cooperación del Sistema Nacional de Seguridad, del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de Iniciativa Mérida.
A todo ello debemos sumar la militarización de la seguridad. Más allá de lo que establecen la norma y los procesos institucionales, es un hecho que el control de las acciones en materia de seguridad quedó en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En particular, la puesta en marcha de la GN y la contrarreforma de la ley orgánica de la FGR son determinantes para entender por qué fracasó esta administración en cristalizar las promesas y metas establecidas por el presidente López Obrador en materia de seguridad.
La GN opera mucho peor de como en su momento lo hacía la PF. Ello se debe a que a la fecha no existe un programa rector de profesionalización, protocolos de actuación, mecanismos de supervisión, así como tampoco certeza de cuánto personal haya aprobado los controles de confianza.
Por su parte la ley orgánica que dio vida a la FGR fue modificada pocas semanas después de haber sido aprobada y con ello se produjo un enorme retroceso en términos de desempeño institucional y de implementación del sistema adversarial de justicia.
El fracaso de esta administración se describe mediante estas cifras: al cierre de 2023 los homicidios dolosos crecieron 14% respecto al mismo periodo de la pasada administración y más del 40% respecto a la de Calderón; en este sexenio desaparecieron más de 47,000 personas -que hoy la Secretaría de Gobernación intenta esconder con una estadística opaca y amañada-, muchas más de la suma de personas que desaparecieron en los últimos dos sexenios; se rompieron los récords de delitos por violencia de género; que atentan contra la vida y la integridad personal; que atentan contra la sociedad; que atentan contra la libertad individual; de extorsión; trata de personas; narcomenudeo; robo a negocio; robo a transporte de carga y robo de hidrocarburo.
Cifras que son más que una estadística. Cifras que corresponden al dolor de millones de mexicanos; a la pérdida de vida de más de 170,000 personas; a estragos por lesiones; al miedo de muchos; al desplazamiento forzado de tantas comunidades; a la mala fama de nuestro país en el extranjero, a menos oportunidades de progresar y mitigar la desigualdad social.
Es decir, la ausencia de una verdadera estrategia de seguridad y la puesta en marcha de proyectos sin planeación adecuada y deficiente ejecución, ha derivado en que el país se encuentre en su peor momento de violencia e incidencia delictiva.
Si bien autores como Gianfranco Pasquino o Giovanni Sartori advierten que resetear periódicamente las políticas públicas es un error, ante un sexenio perdido en seguridad y justicia, instituciones que día a día funcionan peor, debemos considerar inevitable que quien gane las elecciones de este año deba eliminar las acciones de este gobierno y partir de cero en la conformación de una estrategia de seguridad.
