Una de las funciones que desarrolla el poder judicial federal, quizá la más difícil, es la función de contención del poder. Al poder no le gusta ser limitado, pero si a ese poder no se le contiene se desborda, poniendo en riesgo los derechos de todas y todos. Estos límites o controles al poder son necesarios y de hecho son connaturales a las democracias modernas. Algunos autores sostienen que sin controles o mecanismos que garanticen el orden constitucional sería imposible la subsistencia de los derechos humanos.
La historia nos demuestra que los peores crímenes de la humanidad han sido perpretados desde el poder unipersonal que en su momento no tuvo contrapesos reales y efectivos.
Lamentablemente en nuestro país, en los últimos años la “nueva” clase política, aquella que afirmó no ser igual que los de antes, ha dado muestras de un talante peligrosamente autoritario.
Un demócrata se caracteriza por la consideración y el respeto que tiene a las decisiones que toman otros poderes en el marco de la ley, aunque esas decisiones les gusten o no y limiten su actuación, incluso, puede combatirlas a través de los mecanismos y los procedimientos que se establecen en el mismo orden constitucional, pero a final de cuentas, cualquiera que sea el resultado, el demócrata, el estadista habrá de acatarlo, sin mayores aspavientos y sin recurrir a la descalificación y a la confrontación.
Como decíamos, la nueva clase política ha sido sumamente refractaria a las decisiones del Poder Judicial, sobre todo aquellas que controvierten o afectan sus actos.
A 11 meses de que concluya el sexenio, hemos sido testigos como a través de las redes sociales oficiales, canales de radio y televisión públicos y particularmente en las mañaneras se exhibe -sin la menor consideración sobre su seguridad y la de su familia-a jueces y magistrados por haber tomado decisiones que van en contra de los deseos presidenciales.
Esto no quiere decir que la actuación del poder judicial esté exenta del escrutinio público, por el contrario, debemos tener puesta la lupa en la actuación de la judicatura tanto federal como local, pero lo que está sucediendo recientemente en México es una cosa distinta; lo que se busca no es la rendición de cuentas, sino la rendición ante el poder presidencial, no se busca el mejoramiento, sino la captura, no se busca desterrar la corrupción, solo se pretende usarla en beneficio propio.
Esto tiene un alcance mayor si se considera que el mensaje se envía desde la más alta tribuna del país, con la fuerza única y particular que da la investidura presidencial, lo cual tiene un mayor impacto en la población, la cual desconfía, de forma casi natural de un poder que le es ajeno y distante.
La intención es clara, debilitar al poder judicial federal, contrapeso constitucional natural de los otros poderes. Parafraseando al Ministro Alberto Pérez Dayán, se juzga al poder judicial como si se tratara de un suculento platillo frente al electorado.
La envestida que inició hace varios meses en contra del poder judicial de la federación y de varios órganos autónomos, ha pasado del discurso a los hechos. Se pretende reformar la Constitución para que sus integrantes sean designados por voto popular, como si ello garantizara un trabajo profesional e independiente, de hecho, lo más probable es que sea todo lo contrario.
