El punto de partida
Para comprender la gestión de AMLO hay que partir de sus objetivos políticos. El más importante sin duda es garantizar la continuidad del proyecto después de 2024. Para ello, el presidente recurrió más a los instrumentos de gobierno a su alcance para centralizar el poder en el Ejecutivo y menos a la construcción de estructuras y liderazgos locales para no depender del “obradorismo”.
En el caso de la seguridad pública, vimos un agresivo proceso de centralización político-administrativa, en el que las Fuerzas Armadas fueron empoderadas y las secretarías de seguridad pública, policías y fiscalías locales difuminadas, lo que explica en buena medida los saldos del sexenio: miles de historias desgarradoras y cotidianas de masacres y atrocidades, desapariciones forzadas y violencia urbana que no se corresponden con el discurso triunfalista del oficialismo.
Grupos criminales como actores políticos
No es una exageración decir que en muchas regiones los grupos criminales se posicionaron como organizaciones políticas con mayor poder que el Estado: deciden quién gobierna y cómo debe hacerlo, resuelven conflictos de la comunidad bajo sus propios parámetros, determinan las formas de producción, distribución y comercialización de bienes de consumo y orquestan la protesta social y otras formas de participación ciudadana. En otras palabras, deciden cómo es la vida en sociedad dejando a la población bajo el asedio de los intereses criminales. La próxima administración deberá encontrar los mecanismos para revertir la degradación del Estado.
Militarización como política de Estado
La militarización de la seguridad pública comenzó desde finales del siglo XX, pero se consolidó en este sexenio como una política de Estado, expendiéndose hacia otras áreas estratégicas para el desarrollo nacional, llevándonos peligrosamente al militarismo. Como nunca antes, los militares ocupan mandos directivos en instituciones de seguridad pública en los tres niveles de gobierno y los cuerpos castrenses realizan toda clase de tareas en contra del crimen. Este proceso ha ido de la mano con el abandono político, administrativo y social de las policías y fiscalías. Hoy existe una dependencia hacia los militares muy peligrosa para la democracia en términos de transparencia, rendición de cuentas y protección a los derechos humanos.
La nueva administración deberá recurrir forzosamente a las Fuerzas Armadas ante la falta de capacidades civiles. Para no perpetuar el círculo vicioso, deberá encontrar la forma de negociar el empoderamiento de las instituciones locales con élites castrenses con amplio margen de maniobra para establecer sus propias condiciones.
Violencia institucional como estrategia de gobierno
La violencia institucional siempre ha sido uno de los principales obstáculos para disfrutar de los derechos humanos en México. Pero en este sexenio se convirtió en una auténtica estrategia de gobierno. Desde la mañanera, el presidente responde sistemáticamente ante los grandes problemas nacionales negándolos. Desde la retórica del presidente, la violencia del crimen organizado no es más que propaganda en su contra, los militares ya no comenten ejecuciones extrajudiciales y las madres buscadoras son atendidas desde el principio de su administración.
El discurso no sólo se reproduce de manera incesante, sino que está acompañado de un grado brutal de omisión: no existen protocolos, mecanismos o herramientas certeras para conocer y atender las violencias, situación que ha acrecentado el encono de las víctimas.
El nuevo gobierno deberá responder al reclamo de justicia aliviando la polarización, al tiempo de construir capacidades institucionales.
