#ColumnaInvitada | Otras caras de la violencia: las geografías de impunidad

Las geografías de impunidad son espacios en donde las autoridades y actores sociales, como medios de comunicación y organizaciones civiles, no hacen nada en contra del crimen. Estas geografías pueden encontrarse en cualquier espacio que resulte atractivo para la proliferación de actividades ilícitas; por ejemplo, en tramos carreteros en donde circulan mercancías de alto valor como en el caso del video, pero también aparecen en calles repletas de negocios en donde es posible la extorsión o en comunidades fronterizas, apropiadas para el tráfico —por cierto, cada vez más intenso— de migrantes.

Las geografías de impunidad comienzan a funcionar cuando lo grupos criminales “neutralizan” a las autoridades y pobladores a través de la corrupción o la violencia, aunque la violencia se ha venido posicionado como el principal instrumento de imposición. De esta manera, los grupos criminales dictan las reglas del juego (establecen horarios y comportamientos) para operar con plena libertad y sin ninguna clase de consecuencia. Esto explica, en buena medida, los volúmenes descomunales de criminalidad en algunas localidades, incluyendo robos, extorsiones, secuestros, desapariciones o ejecuciones.

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Las geografías de impunidad son consecuencia de las pocas capacidades de los gobiernos para lidiar con el crimen organizado a través de las herramientas que ofrece el Estado de Derecho y producen fenómenos más allá de su propósito original (brindar impunidad para organizaciones criminales), incrementando aún más el clima de inseguridad pública.

Dentro de todas las consecuencias posibles, destaco tres, las cuales forman uno de los tantos círculos viciosos que alimentan la criminalidad:

1) la ausencia de autoridades incrementa al máximo la cantidad de oportunidades para cometer cualquier tipo de delitos, “beneficiando” a toda clase de ofensores, no solamente a los miembros de los grupos criminales que construyen las geografías de impunidad;

2) ante la vulnerabilidad, la población abandona sus lugares de residencia cuando puede y, cuando no, se resigna a sufrir las consecuencias cotidianas de una violencia incesante; y

3) la falta de actores ejerciendo controles sociales activos (por ejemplo, vecinos recuperando espacios públicos deteriorados) puede derivar en la reproducción o el fortalecimiento de actitudes propicias para continuar incrementando las filas de los grupos criminales.

Con base en una investigación de Integralia, me atrevo a decir que las geografías de impunidad se encuentran a lo largo y ancho del país, aunque con dinámicas locales diferenciadas. En algunas regiones se encuentran en constante disputa, como en el centro de Zacatecas o el norte de Baja California, mientras que en otras se encuentran bajo una hegemonía duradera, como en el sur de Tamaulipas o el centro de Jalisco; asimismo, en ciertos territorios son explotadas con discreción, como en Bahía de Banderas, en Nayarit, o en el propio centro de la Ciudad de México y, en otras, en cambio, con notable violencia, como en Tierra Caliente, Guerrero.

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Habría que estudiar cómo las geografías de impunidad afectan la vida económica y social en cada caso, pero sin duda impactan de manera significativa el clima de negocios, puesto que las empresas se ven obligadas a pagar por medidas de seguridad adicionales para transportar sus productos y salvaguardar la integridad de sus empleados. Y más grave aún, las personas de carne y hueso pierden libertad de movimiento, viven en una situación de miedo constante, enfrentan las amenazas y extorsiones de grupos criminales y están expuestas a la violencia de las organizaciones delictivas, tan sólo por nombrar algunas consecuencias de este fenómeno.

Las geografías de impunidad, así como las zonas de silencio que ha conceptualizado Claudio Lomnitz a partir del caso de Zacatecas o las gobernanzas criminales descritas por Guillermo Trejo y Sandra Ley, desafían cualquier discurso triunfalista en materia de seguridad pública. Si realmente aspiramos a construir un país con paz duradera, hay que reconocer que los datos oficiales de incidencia delictiva únicamente son un punto de partida para entender las causas, dinámicas e impactos de las violencias y que, para dicho propósito, necesitamos poner en el centro de discusión las otras caras del problema, considerando sus diferencias regionales. Citando a un par de apreciados colegas, hay que abandonar los lugares comunes y aproximarnos a los problemas con trabajo de campo desde lo local.

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Nota del editor: Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en ciencia política, profesor universitario y consultor especializado en seguridad pública en Integralia Consultores (@integralia_mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.